Solución política

Con la mediación de los presidentes de Colombia y Venezuela —Juan Manuel Santos y Hugo Chávez— es posible que, en poco tiempo más, se agilice el proceso de “normalización” política en Honduras, a través de un arreglo entre el presidente Lobo Sosa y el ex-presidente Zelaya Rosales.

Esto depende, en buena parte, de la forma en que se resuelva las cuatro condiciones planteadas por el ex–presidente Zelaya al presidente Lobo Sosa en la conversación telefónica desde Caracas a Cartagena de Indias, durante la reunión de acercamiento entre el mandatario hondureño y el líder venezolano.

Aparentemente esas cuatro condiciones (anulación de los juicios incoados en contra de Zelaya después del 28-J; retorno al país de exiliados políticos vinculados al gobierno derrocado; convocatoria a una asamblea nacional constituyente; y respeto a los derechos humanos) son asumidas casi como resueltas, cuando, en realidad, no podrían considerarse de manera simplista.
De acuerdo con lo trascendido de la reunión de los presidentes en Cartagena de Indias el sábado anterior, 9 de abril/11, el procedimiento de mediación, en este caso, consiste en la redacción de un acuerdo a ser firmado entre el presidente Lobo Sosa y el ex–presidente Zelaya, con los presidentes Santos y Chávez como testigos de honor.

La elaboración del acuerdo sería un documento a cargo de las Cancillerías de Colombia y Venezuela, suponemos, en consulta con las partes. De ser así, el análisis y resolución de las cuatro condiciones, que no son otra cosa que los puntos focales del conflicto en la actualidad, habría de ser a fondo, haciendo caso omiso de las argumentaciones evasivas y de distracción.

Como lo hemos expresado en anteriores comentarios, la solución de este problema, derivado del golpe de Estado de junio/09, es eminentemente política y no jurídica. Precisamente, por el hecho de no haberse solucionado en su momento a través de una asamblea constituyente, es que el conflicto quedó en pie y fue complicándose.

A estas alturas, el planteamiento del poder constituyente nada tiene que ver con el tema de la reelección presidencial, que viene a ser un pretexto en contra de ese recurso político, sino que se impone por la necesidad de modernizar el Estado, de profundizar la democratización de la sociedad hondureña, y de establecer un nuevo pacto social con amplios niveles de participación ciudadana y de justicia distributiva.

Es importante, muy importante, tener presente que la legitimidad de los compromisos y acuerdos políticos obedece a los principios de la transparencia y del reconocimiento de la voluntad de la mayoría, sobre todo si esa voluntad se ha fraguado en la lucha ciudadana, como es la situación en Honduras. En las circunstancias actuales, para la preservación de la nación hondureña como cuerpo político y social con proyección de futuro, es imprescindible el rescate de su soberanía.

Esa es, entonces, la gran tarea política que debe ser el fondo de la reconciliación nacional, y es algo que no debe pasar inadvertido a los protagonistas de este acuerdo político, visto en su verdadera dimensión integracionista y patriótica.