Diálogo con el magisterio

Después de tres semanas de contienda entre el gobierno y el sector magisterial, el Ejecutivo ha iniciado un diálogo con los docentes, bajo sus propias condiciones, vale decir con el retorno a la normal impartición de clases en todos los centros públicos de enseñanza.

Para empezar, el presidente Lobo Sosa ha dejado sentada la posición oficial de que éste es un diálogo y no una negociación. Esto quiere decir, en puridad de concepto, que el encuentro es con la finalidad de un intercambio de ideas y no para discutir, entre iguales, para llegar a un compromiso o acuerdo.

Vale la aclaración porque, como se acostumbra decir, hablando se entiende la gente. Este diálogo es, por lo tanto, una amigable conversación entre mando supremo y subalternos, con lo cual se buscará canalizar malos entendidos y endulzar las intenciones.

El acuerdo de la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH) para desmovilizar la protesta militante en las calles, apoyada por estudiantes, padres de familia y común oposición, fue la respuesta obligada por la coerción del decreto ejecutivo para obligar a los maestros a regresar a sus puestos de trabajo.

Con la mano torcida, la FOMH declara, en el punto 3 de este acuerdo: “Dejamos constancia ante el pueblo hondureño, de nuestra firme voluntad de resolver la problemática educativa y magisterial en la mesa de diálogo”. Obviamente, la dirigencia magisterial le da un sentido mucho más amplio y vinculante al diálogo de lo que en realidad es, y menos aún como lo da a entender el Ejecutivo.

Por la parte oficial, en la que participan codo con codo el presidente Lobo Sosa y el presidente del congreso nacional Juan Orlando Hernández, el planteamiento es claro y no permite engaño. Esto es así porque, sencillamente, la actuación gubernamental obedece a un plan concreto cuidadosamente elaborado.

La aprobada Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y a la Participación Comunitaria no admite suspensión ni cambio sustancial, y, por otra parte, el proyecto de Ley General de Educación va, sin duda, en la misma dirección.

El desarrollo de este diálogo entonces discurrirá, al parecer, alrededor de otros temas como el de apelar a la magnanimidad del Ejecutivo para que anule los castigos señalados a los maestros que, en el ímpetu de la protesta, no atendieron la orden de la Secretaría de Educación de reincorporarse inmediatamente a sus labores docentes.

Y, por supuesto, el tratamiento del asunto gordo, clave, del INHPREMA, que es la savia de la organización magisterial, al que el Estado le adeuda la bicoca de 1,800 millones de lempiras o más, y que tiene en sus entretelones un bagaje de corrupción que necesita urgente saneamiento.