El Comité Uruguayo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, está recibiendo con
profunda indignación y legítima alarma una serie de noticias en las que se evidencia un
recrudecimiento de la violencia y la represión en Honduras.
A modo de ejemplo, el pasado 18 de marzo, en una brutal represión contra manifestantes
magisteriales, fue asesinada una profesora integrante del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (COFDEH). Simultáneamente el gobierno, además de intervenir al Instituto de
Prevención Magisterial (INPREMA) emitió un decreto de emergencia mediante el cual se
autoriza el despido de maestros y permite anular la personería jurídica de sus sindicatos.
Poco antes, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares
(STIBYS), denunciaron el atentado contra el vicepresidente de la seccional de San Pedro
Sula, Eduardo Argueta Santos. A estos hechos se suma la situación de terror existente en el
Bajo Aguán, provocada tanto por las fuerzas regulares como por paramilitares al servicio de
los terratenientes de la zona, donde se registraron 23 asesinatos de campesinos, entre enero
de 2010 y febrero de 2011.
Asimismo, y en el marco del año internacional de los afrodescendientes, fue detenida hace
unos días Miriam Miranda, defensora de los derechos del pueblo garífuna y coordinadora de
la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), vinculada a la lucha que se viene
dando en Honduras por la restitución de la democracia y la férrea defensa del territorio
ancestral del pueblo garífuna contra los megaproyectos turísticos que se están apoderando
de sus tierras a orillas del Mar Caribe.
Cada día y cada noche se vive en Honduras con el miedo a morir asesinado o a desaparecer.
Pese a todo, el pueblo hondureño continúa resistiendo heroicamente, organizándose,
reclamando justicia y el fin de la impunidad y luchando por democracia y libertad.
En este marco, destacamos que el gobierno de nuestro país mantiene la posición de no
reconocer al régimen de Porfirio Lobo. El canciller uruguayo, Luis Almagro, rechazó la presión
de Estados Unidos para cambiar de actitud ante el gobierno hondureño y a su juicio, no
reconocer al gobierno de Honduras después del golpe de Estado que destituyó a Zelaya, es
"un elemento de extrema importancia en el contexto institucional latinoamericano".
Frente a toda esta situación
Exigimos:
• Al gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo el cese inmediato de la represión y el
derramamiento de sangre.
• Al gobierno de Estados Unidos una investigación sobre la participación del
Departamento de Defensa y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el golpe
del 28 de junio de 2009 y hacer público el resultado de la misma.
• A la comunidad internacional, en especial a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y a los países de Europa, la adopción de medidas efectivas y concretas
tendientes a restituir la vigencia de los Derechos Humanos en Honduras.
Montevideo, 30 de marzo de 2011
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