Honduras debe investigar denuncias de brutalidad policial

Las autoridades hondureñas deberían realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las denuncias que indican que la policía habría apelado a un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones organizadas por el magisterio de Honduras, afirmó hoy Human Rights Watch.

Desde mediados de marzo de 2011, las manifestaciones del magisterio que se opone a las reformas propuestas al sistema de educación pública han culminado en violentos enfrentamientos con la policía. Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles que miembros de la policía nacional han recurrido a un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y han lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpeado a participantes. Algunos manifestantes habrían atacado a la policía con botellas, piedras y bombas Molotov, y al menos cuatro agentes habrían sufrido lesiones.

"Human Rights Watch reconoce que la policía hondureña tiene el deber de responder ante manifestantes que recurren a la violencia y de investigar casos en que transgredan la ley", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Pero también tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de los manifestantes".

Sandra Ponce, titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, dijo a Human Rights Watch que habían "constatado un patrón de uso excesivo de la fuerza" por parte de policías. Según versiones de la prensa, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio y la Ministra de Derechos Humanos Ana Pineda también han cuestionado las medidas de fuerza empleadas por la policía contra los manifestantes.

Organizaciones locales de derechos humanos informaron que agentes de policía golpearon a manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos "indiscriminadamente" contra estos, incluidos los siguientes casos:

El 18 de marzo, Ilse Velázquez Rodríguez, maestra e integrante de una organización de derechos humanos, habría perdido el conocimiento luego de ser golpeada en la frente por una bomba de gas lacrimógeno. Pocos minutos después, falleció al ser arrollada por un automóvil.
El 18 de marzo, el dirigente magisterial Adalid Romero habría sido aporreado en la cabeza por policías. Sufrió graves heridas a causa del ataque.
El 28 de marzo, un grupo de policías y militares habrían golpeado a Mirian Miranda, defensora de derechos humanos y presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Los agentes la habrían encerrado en la paila de una patrulla policial durante varias horas, para luego trasladarla hasta una comisaría. Fue liberada 12 horas después.
A su vez, según informó C-Libre, una organización local que monitorea la libertad de prensa en Honduras, la policía habría agredido a cinco periodistas que cubrían las protestas. Según señaló esta organización, el 21 de marzo un grupo de policías habrían disparado con balas de corcho contra Uriel Rodríguez, camarógrafo de Globo TV, e intentaron confiscar la cámara de Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Galcho. El 22 de marzo, agentes de policía habrían lanzado bombas de gas lacrimógeno contra el automóvil de dos periodistas que entrevistaban a manifestantes: David Romero, director de Radio Globo, y Lidieth Díaz, reportera de Canal 36. El 25 de marzo, Richard Cásula de Canal 36 sufrió lesiones cuando fue alcanzado por una bomba lacrimógena.

Human Rights Watch exhortó al Presidente Porfirio Lobo a que informe claramente a las fuerzas de seguridad del Estado que en ningún caso se tolerarán tratos abusivos, y que advierta claramente que los oficiales de cualquier rango que intervengan en este tipo de prácticas serán objeto de sanciones disciplinarias, incluida la pérdida del cargo y acciones penales. Asimismo, debe asegurarse de que los policías que sean juzgados por su presunta participación en delitos sean suspendidos inmediatamente.

"Si el Presidente Lobo tiene interés en mantener la legalidad y el orden público, debe adoptar medidas para asegurar que se investiguen exhaustivamente los hechos de brutalidad policial y que los responsables sean juzgados y respondan por sus actos", señaló Vivanco.