No solo los que se dedican al estudio de las ciencias
jurídicas, sino que hasta el más iletrado, repite “sin ton ni son” que Honduras
es un Estado de Derecho Soberano, constituido como republica libre, democrática
e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la
libertad y el bienestar económico y social (art. 1 de la Constitución de la
Republica).
El Estado de Derecho es un estado sometido al
ordenamiento jurídico, que constituye una expresión autentica de la idea de
derecho vigente en la sociedad, cuyas autoridades son representantes del cuerpo
político de la sociedad.
El poder del estado se encuentra distribuido en
órganos y funciones diferenciadas. Existen diferentes controles y
responsabilidades de las autoridades estatales y una efectiva garantía y
vigencia de los derechos humanos.
La forma de gobierno que tenemos es republicana,
democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial complementarios e independientes y sin relaciones de
subordinación.
La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de
la Republica es obligatoria. La infracción de esa norma constituye delito de
traición a la patria (Art. 4 de la Constitución).
El Estado es una persona jurídica por lo que necesita
de la voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten
dicho poder gubernamental. Estas personas se denominan Órganos del Estado,
entre ellos están el Presidente de la Republica, los diputados al Congreso
nacional, los Magistrados y Jueces del Poder Judicial.
El gobierno ejerce a su vez diversas actividades para
cumplir los fines del Estado, esas actividades se llaman funciones del Estado.
El Presidente de la Republica tiene la administración
general del Estado con las siguientes atribuciones:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados
y convenios, leyes y demás disposiciones legales; dirigir la política general
del Estado y representarlo; mantener incólume la independencia y el honor de la
Republica, la integridad e inviolabilidad del territorio nacional; mantener la
paz y seguridad interior de la Republica y repeler todo ataque o agresión
exterior; nombrar y separar libremente a los secretarios y subsecretarios de
Estado y demás funcionarios y empleados.
De todas estas atribuciones del Presidente, que desde
luego, son teóricas y no tienen nada que ver con la realidad nacional, solo la última,
o sea, nombrar y separar a los secretarios y sub secretarios es la que en la práctica
se cumple.
La primera atribución por lo general es incumplida
porque la Constitución es irrespetada todos los días porque los derechos de los
ciudadanos son conculcados por los cuerpos coercitivos cuando se les antoja y
los trabajadores protestan en las calles. Ocurre lo mismo cuando al poder
factico, por defender sus intereses particulares, que no son los de la nación,
se deciden a dar golpes de estado en violación flagrante a la Carta Magna.
Tampoco el Presidente cumple el tercer atributo que se
refiere a “mantener incólume la independencia y el honor de la Republica”
porque aprobaron el decreto de construir las ciudades modelos que es una
entrega del territorio nacional a las transnacionales poderosas que desean
afincarse en nuestro territorio, con el beneplácito del mandatario y del
Presidente del Congreso Nacional.
Tampoco la atribución número cuatro que se refiere a
mantener la paz y seguridad interior del país. Como sabemos, no tenemos paz ni
seguridad, porque la muerte y el crimen acechan en cualquier momento y todos
los días.
De seguridad es de lo que no puedo alardear, el
gobierno de Don Pepe Lobo como administrador del Estado de Honduras. En este
aspecto, su ministro equivoco el camino, pues se dedicó a realizar cambios de
forma en el Código Procesal Penal, y el Crimen Organizado se apodero del país,
matando a las personas a diestra y siniestra sin que las medidas implementadas
hayan cedido ni para medio paliar el crimen y la delincuencia.
Por tales razones obvias nos hicimos la interrogante
en el título de si ¿Honduras es un Estado de Derecho?
El estado hondureño llego a la ingobernabilidad cuando
nos enteramos que las arcas estatales operan en rojo.
Dicen los economistas y financistas que las
recaudaciones alcanzan 3,600 millones de lempiras y los compromisos ascienden a
6,000 millones, lo que significa que hay un desfase de 2,400 millones de
lempiras.
Los paquetazos contra el pueblo solo lograron aumento
en los ingresos por 8,000 millones de lempiras y existen 10,000 millones en
gasto corriente que no cuentan con una fuente de ingresos.
El aparato estatal debe ser reducido golpeando al
activismo político para que esté preparado para la recesión económica que según
los expertos se avizora.
El Estado de Derecho, pues, ya no es el mismo y
enfrenta muchas dificultades.
e-mail: eduardodavidardon@hotmail.com
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