El día 20 de marzo del 2010, Manuel Flores escribió su último artículo que llamó “El Conflicto agrario del Bajo Aguán”, en ese artículo nuestro camarada, haciendo un poco de historia manifestaba que “La concentración de la tierra en pocas manos es producto de la política de Estado que durante la administración Callejas (partido Nacional) en los inicios de la década de los noventa aprobó la Ley de Modernización Agrícola que derogó la Ley de Reforma Agraria hasta el momento vigente y convirtió la tierra en una mercancía que se podía comprar y vender. Las cooperativas campesinas que fueron beneficiarios de la reforma agraria, ante el abandono estatal, se vieron en la necesidad de vender sus propiedades…”, tres días después, nuestro camarada era asesinado por sicarios, cubiertos el rostro con pasa montañas, desde esa fecha hasta julio de 2011 se han asesinado 35 campesinos organizados.
Sigue la lucha por la tierra
El día domingo, 14 de agosto, fueron asesinados en un supuesto enfrentamiento los guardias de seguridad de la Corporación Dinant, en terrenos ligados a la aldea Paraná, Rigores, Trujillo. El día lunes, 15 de agosto, fueron asesinadas por desconocidos fuertemente armados cinco personas, al salir en un pick-up de las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa. Según la fiscalía no hubo intento de robo y todos eran empleados de la embotelladora Pepsi, exceptuando una de las asesinadas que poseía una caseta de venta de comidas en las instalaciones del INA. Según las informaciones obtenidas, estas personas no tenían ningún vínculo con los conflictos agrarios de la zona.
Según las principales organizaciones campesinas de la zona, el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) no han tenido participación en tales sucesos, el Ministro del INA también aclaró que los hechos reportados no están ligados al conflicto agrario como se ha manejado por parte de la empresa y algunos medios de comunicación.
Operación “Xatruch II” para reprimir a los campesinos
Inmediatamente los medios de información al servicio de los terratenientes han salido con su campaña mediática para desprestigiar la lucha por la recuperación de la tierra, pretenden hacer creer que los 6 asesinatos del día domingo 14 fue responsabilidad de miembros de los Movimientos Campesinos. La Corporación Dinant/Exportadora del Atlántico SA, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjúm, ha sacado comunicados en los diarios del país responsabilizando a los grupos campesinos de la violencia desatada. El acuerdo firmado en junio pasado, Facussé, el gobierno y el MUCA (margen derecha) que estipula la compraventa de 4,045.70 hectáreas cultivadas de palma africana ha sido suspendido según la Corporación Dinant, producto de estos últimos acontecimientos. Esto, en vez de solucionar la crisis agraria más bien la empeora.
Cada día que pasa nuevos asesinatos se dan en esta zona y la lista de nombres de nuestros compañeros campesinos se va alargando, lo más inaudito es que ningún asesinato se esclarece de parte de las autoridades del Ministerio Público o de los organismos de investigación. Lo mismo sucedió con nuestro compañero y amigo Manuel Flores, ha quedado en un silencio eterno y sin ningún informe oficial de parte del Estado.
Los asesinatos del fin de semana pasado le han dado excusas a Porfirio Lobo para ordenar la operación “Xatruch II”, en la que participan más de 1000 agentes –entre elementos de la policía y el ejército- que tienen como objetivos principales; levantar una base de datos para identificar personas, determinar la legalidad de los vehículos y realizar un desarme de la zona. Sin duda alguna, que las actividades van encaminadas a levantar perfiles de los líderes de los movimientos campesinos, de quitarles los machetes con los que trabajan la tierra y salir denunciando de que les decomisaron armas de grueso calibre, de atemorizar y reprimir si es posible, todo lo que hagan será tendiente a criminalizar la lucha campesina, que en esto, el gobierno de Lobo-Hernández no ha dejado ninguna duda de hacerlo cada vez que se les antoje.
Alto a la represión
Esta política de amedrentamiento y represión tiene como objetivo principal desarticular cualquier movimiento organizado, ya sea de movimientos campesinos o de Comunidades Garífunas, violencia que se agudizó en la zona, posteriormente al golpe de Estado, como consecuencia de la aprobación de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), más conocidas como ciudades modelo, la idea es dejar vía libre en la zona para la venta de tierras a los más avorazados, los mismos que propiciaron el golpe de Estado con objetivos de vender en porciones al país y todos los recursos naturales.
La salida al conflicto es la misma que Manuel Flores plateó en su último artículo: “En todo caso el Estado debió expropiar sin ninguna indemnización dichas tierras y entregarlas a los campesinos, igual debe favorecer asistencia técnica y crédito para que en el futuro no caigan en la tentación de vender a los mismos terratenientes las tierras recuperadas. Hoy más que nunca se hace necesaria la aprobación de una Ley de Reforma Agraria que resuelva la problemática de la tenencia y la producción de la tierra en el agro”.
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