Impunidad e independencia judicial

Nuestra palabra, Editorial Radio Progreso

La impunidad es un cáncer que destruye el tejido social, condena a la sociedad hondureña a seguir desangrándose por la violencia y confirma la ausencia de los principios democráticos frente a los conflictos que deberían ser resueltos a través del diálogo y no de las armas.

El Estado es el principal responsable de luchar contra ese cáncer a través de la investigación efectiva y sanción de los responsables intelectuales y materiales de los actos violentos, lo cual es una condición esencial para que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y para que se fortalezca la institucionalidad democrática.

Sin embargo, las instituciones estatales en vez de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, se muestran complacientes y pasivas ante los altos niveles de violencia e impunidad con que actúan los grandes poderes fácticos del país, e implacable cuando se trata de reprimir y criminalizar las luchas de los sectores sociales.
Una consecuencia grave de esta situación es que se envía a la sociedad un mensaje intimidatorio, causando un temor generalizado que promueve la disminución de las denuncias, reclamos y reivindicaciones, fomentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

Evidentemente, la impunidad se ha arraigado en Honduras en gran medida por la falta de independencia judicial que redunda en la denegación de justicia, en la falta de seriedad para investigar y sancionar, y en la doble victimización de las víctimas ya que, por un lado, sufren directamente los daños causados por la vulneración de sus derechos y, por el otro, soportan la impotencia de ver a sus victimarios sin sanción.
Por todo ello, es de suma importancia la campaña por la independencia judicial “Fuera manos de la justicia” iniciada esta semana por la Asociación de Jueces por la Democracia, ya que es urgente que la sociedad en su conjunto asuma que contar con jueces y juezas independientes e imparciales es un derecho humano de carácter absoluto.
La lucha por un sistema de justicia independiente debe ser una tarea urgente de toda la sociedad, pues sin jueces, fiscales, defensores y policías independientes, la impunidad continuará siendo la expresión institucional de la injusticia y como lo señala la Asociación de Jueces por la Democracia, seguirá provocando “la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.