Hallazgos principales en relación a los hechos del 28 de junio del 2009 "Informe de la Comisiónde la Verdad y la Reconciliación de Pepe Lobo

El análisis realizado en cuanto al esclarecimiento de los hechos y sus impactos sociales, políticos y económicos en este Informe, así como el trabajo en general que la CVR ha realizado desde su creación, especialmente con las visitas a las regiones del país y en las entrevista realizadas a ciudadanos hondureños, nos llevan a establecer una serie de hallazgos sobre la verdad y las consecuencias de dichos hechos. Al mismo tiempo, estos hallazgos permiten plantear una serie de elementos en distintos ámbitos, para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir y que Honduras encuentre su senda de reconciliación basada en un desarrollo democrático, social y económico.

Tales hallazgos se relacionan con el Gobierno de Manuel Zelaya, en el ámbito jurídico e institucional, en el papel de la Fuerzas Armadas, los partidos políticos y en las consecuencias o impactos de los hechos. Entre los principales hallazgos se encuentran las siguientes:

Sobre la democracia en Honduras:

1. A lo largo de toda su historia, Honduras ha sido una sociedad caracterizada por serie de constantes históricas que han impedido el desarrollo o la construcción de una vida democrática plena y la constitución de un Estado moderno desarrollado, como la inestabilidad sociopolítica por conflictos armados, Gobiernos militares, escaso crecimiento económico y bajos niveles de participación ciudadana. No obstante, dentro de la historia republicana de Honduras una nueva etapa surge a partir de 1980 al instaurarse progresivamente la democracia como forma permanente de Gobierno, lo cual parecía superar la carencia de una tradición democrática sólida.

2. Al hacer un balance del proceso de transición a la democracia y el desarrollo de Honduras, se observa una progresiva erosión del proceso democrático del país, más allá de las reformas introducidas en los primeros años del siglo XXI. De hecho, el golpe de Estado del 28 de junio demuestra que en Honduras la democracia continúa manteniendo un orden político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y turno en el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario, y no ha transitado hacia un orden con una sociedad civil no tutelada y condiciones que permitan la organización y expresión pública de todos los ciudadanos, más fundada en la competencia y el mérito, que en el clientelismo y el patrimonialismo. Debe aprovecharse esta profunda crisis como una oportunidad extraordinaria para retomar el proceso de transición democrática que se desnaturalizo y se fracturo.

Sobre el Gobierno de Manuel Zelaya:

3. Los comisionados hemos constatado que la crisis política desencadenada el 28 de junio de año 2009 en Honduras, fue un proceso que comenzó varios meses atrás; siendo durante la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en enero de ese mismo año, cuando se manifestó el momento de mayor confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al extremo que altos funcionarios del Poder Ejecutivo llegaron al recinto del Congreso Nacional a reunirse con la bancada del Partido Liberal y amenazaron con la ruptura del orden constitucional sino se elegía como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a abogados que no figuraban en la lista de cuarenta y cinco (45) candidatos a magistrados y que no habían participado en el proceso de selección convocado por la junta nominadora de candidatos a magistrados integrada en su mayoría por la sociedad civil.

4. Los comisionados identificamos que el presidente Zelaya aprobó una serie de decisiones en materia económica durante el primer y segundo año de Gobierno, vinculado a temas estratégicos para el país, como los carburantes; y de carácter económico social, en el último año y medio de su gestión, como el sustancial aumento al salario mínimo delos trabajadores del sector público y privado , lo que provocó, por un lado, confrontación con el Gobierno de buena parte del sector empresarial nacional y transnacional y, por otro, se fue consolidando una amplia base de apoyo al Gobierno de parte los de gremios, sindicatos y pobladores, que se convirtieron en el principal soporte social y político para la realización de la consulta pública conocida como cuarta urna.

5. Los comisionados encontramos que en el ejercicio de la función pública y del poder, se produjo una injerencia en las competencias de los Poderes del Estado más visible, aunque no única, del Poder Ejecutivo hacia los demás Poderes del Estado y hacia instituciones autónomas y descentralizadas; situación que condujo a una condición de incertidumbre y vulnerabilidad de la institucionalidad del Estado de derecho.


Sobre la consulta popular

6. Los comisionados reconocemos que la convocatoria por parte del presidente de la república a una consulta primero y a una encuesta después, conocida como cuarta urna, marcó el elemento definitivo e irreversible de confrontación, que tuvo su desenlace en la captura por orden judicial del presidente José Manuel Zelaya y después su expulsión a San José, Costa Rica, ejecutándose de esta forma el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo.

7. Los comisionados recibimos testimonio y concluimos que el presidente José Manuel Zelaya Rosales, para la realización de la consulta, primero buscó apoyo en los sectores políticos del Partido Nacional y del Partido Liberal, llegando inclusive a ofrecer la presidencia de la futura asamblea nacional constituyente al Sr. Roberto Micheletti; pero, el rechazo hacia la consulta y a otras iniciativas (PETROCARIBE, ALBA) de parte de los núcleos más duros de los partidos tradicionales, fue trasladando las alianzas del presidente Zelaya hacia la UD y hacia los sindicatos de trabajadores, asociaciones campesinas y gremios magisteriales.

8. Los comisionados constatamos la irrupción del Sr presidente Manuel Zelaya enfrentado la ley y estableciendo su propia funcionamiento. Rodeado de miles de voluntarios y tomado las urnas y sacándolas de ese recinto, hecho que se convierte en el detonante final de una larga serie de desavenencias y desencuentros. El rompimiento con las fuerzas armadas viene de un día antes con la destitución del General Romeo Vásquez y se profundiza con la iniciativa del presidente Zelaya de irrumpir en la base de la fuerza aérea.

Sobre lo que ocurrió el 28 de junio de 2009, las instituciones y las leyes:

9. Los comisionados reconocemos que la forma de procesar la crisis política hondureña de junio de 2009 —haciendo uso de un procedimiento al margen de la ley, empleando la fuerza para expulsar al presidente de la república fuera del país y utilizando a las Fuerzas Armadas para resolver un conflicto político institucional— evidencia, por un lado, la poca capacidad que demostró la clase política para llegar a acuerdos y, por otro, la incapacidad de las instituciones democráticas de resolver la crisis haciendo uso de los mecanismos y disposiciones de las leyes de Honduras.

10. Los comisionados encontramos que la institucionalidad democrática de Honduras no fue efectiva para resolver la crisis y evitar la salida violenta de Zelaya Rosales, no por falta de acciones y resoluciones tomadas, sino porque las decisiones de las autoridades fueron desconocidas y no fueron acatadas por el presidente de la república, José Manuel Zelaya, quien asumió de forma personal las acciones que se requerían para ejecutar la consulta. Entre los meses de mayo y junio de 2009, participaron o emitieron resolución para detener la consulta: CONADEH, Ministerio público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

11. Los comisionados manifiestan su convicción de que el fortalecimiento de la democracia y del Estado democrático de derecho demanda que ningún ciudadano, independiente de su investidura, esté por encima de la ley. La igualdad ante la ley es una condición indispensable de la democracia y del fortalecimiento del Estado de derecho.

12. Los comisionados conocimos de las acciones del Congreso Nacional orientadas a improbar la conducta del presidente José Manuel Zelaya la semana previa al golpe de Estado, para la cual nombraron una comisión que emitiera un informe el martes 1 de julio; sin embargo, el Congreso Nacional, después que se conoció la captura y expulsión a Costa Rica del presidente Zelaya, convocó a sesión para el domingo 28 de junio a las 11:00 horas. Los comisionados recibimos testimonio de diputados liberales afines al expresidente Zelaya que dijeron no haber sido convocados a esta sesión, pero en su lugar llamaron a los suplentes.

13. Los comisionados revisamos el acta del Congreso Nacional de la sesión del día 28 de junio, constatando inconsistencias en el orden del día. Tres hechos relevantes marcan la sesión de ese día: a) se lee una carta de renuncia, enviada supuestamente por el presidente Zelaya, con sello de recibida en el Congreso Nacional el domingo 28, cuando él se encontraba en Costa Rica; b) el acta del Congreso Nacional no registra ninguna pregunta, ni solicitud de información de por qué el presidente Zelaya se encontraba en Costa Rica y ningún diputado solicitó confirmar la autenticidad del origen de la carta de renuncia, ni la firma de quien la suscribía; c) se vota a favor de aceptar la renuncia y se designa una comisión para que redacte el acuerdo respectivo, lo cual, luego del receso, nunca se retomó en la orden del día en la sesión de ese día se nombra al presidente del Congreso Nacional, señor Roberto Micheletti en sustitución del presidente Zelaya, bajo el argumento de que el presidente no se encontraba en el país.

14. Los comisionados, después de someter a profundos estudios la Constitución de la república y de revisar las funciones del Congreso Nacional, concluimos que este Poder del Estado no tiene atribuciones para destituir al presidente de la república ni para nombrar al sustituto, por lo que colegimos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y que el Gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010, es un Gobierno de facto. Las circunstancias de excepcionalidad extrema en que se encontraba el país, luego de conocerse la captura y expulsión forzada del presidente Zelaya a Costa Rica, no pueden considerarse ni justificación ni atenuante para lo actuado,

15. Los comisionados encontramos que la Constitución de la República de Honduras carece de un procedimiento claro para resolver los conflictos entre los Poderes del Estado y de cómo tratar y resolver cuando un presidente o un alto funcionario debe ser sometido a una investigación o a una destitución. La falta de un procedimiento definido puede provocar extralimitación de funciones del Congreso Nacional.

16. Los comisionados sí recibimos testimonios de que los círculos más cercanos al presidente, en diversas reuniones de carácter institucional, políticas o sociales, manifestaban la continuidad en el poder después de enero del año 2010. Pero no encontramos evidencia fehaciente sobre que la consulta y los resultados posteriores, el día lunes 29, conducirían a que el Gobierno del presidente Zelaya procedería a la disolución del Congreso Nacional, a la continuidad del presidente Zelaya en el cargo o a instalar directamente la asamblea nacional constituyente.

17. Los comisionados recibimos amplia información de parte del Ministerio Público acerca de los supuestos actos de corrupción cometidos durante el Gobierno de José Manuel Zelaya, especialmente aquellos vinculados a la realización de la consulta; sin embargo, no recibimos la información solicitada de supuestos actos de corrupción durante el Gobierno de facto. Los comisionados expresamos nuestra convicción de que los casos de supuestos actos de corrupción, de los dos períodos, Zelaya y Micheletti, sean investigados con imparcialidad, profesionalismo y objetividad, y sometidos a la justicia, a fin de ir terminando con la impunidad.

18. En términos generales, podría decirse que los hechos del 28 de junio de 2009, así como las circunstancias previas y posteriores, no fueron otra cosa que catalizadores o disparadores de disfunciones más estructurales o de fondo de la sociedad hondureña, de su clase política, del modelo de representación fijado por las normas de derecho público, de las relaciones entre poder civil y poder militar, así como por la participación directa o indirecta de actores internacionales.

19. Los comisionados recibimos testimonios de los múltiples esfuerzos que en la última semana realizaron diferentes actores políticos, especialmente del partido de Gobierno, el Partido Liberal, para encontrar una salida a la crisis, especialmente mediante dos vías: solicitando al presidente Zelaya que cambiara el contenido de la pregunta, a fin de encontrar una forma legal de realizar la consulta, o postergando la consulta para dos semanas después, mientras encontraban un acuerdo entre la clase política.

La última gestión que conocemos, por testimonio directo, la solicitó el presidente Zelaya al señor Arturo Corrales el día viernes 26 de junio; el presidente le pediría ayuda a Arturo Corrales para convencer a sus seguidores de posponer la consulta; sin embargo, el círculo de los liberales más cercanos al ex presidente, los dirigentes del Partido Unificación Democrática, los dueños de medios de comunicación afines a la consulta y los demás dirigentes del movimiento social que apoyaba la consulta conocida como cuarta urna, manifestaron su desaprobación y exigieronal presidente concluir con el proceso planificado.

Sobre las Fuerzas Armadas:

20. Los comisionados encontramos que las Fuerzas Armadas habían pasado por un proceso de reforma desde mediados de la década de años noventa y uno de los resultados de la reforma fue la salida de las Fuerzas Armadas de la administración pública; sin embargo, en el período de Gobierno del presidente Zelaya, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía fueron beneficiadas desde el Poder Ejecutivo con disposiciones al margen de los reglamentos de la institución, con recursos presupuestarios adicionales y con la asignación de funciones en la administración pública (ENEE).

Finalmente, en el primer semestre del año 2009, las Fuerzas Armadas se vieron enfrentadas ante dos circunstancias de la coyuntura política: estaban entre la orden del presidente Zelaya de apoyar con la logística de la institución a la realización de la consulta conocida como cuarta urna o cumplir la orden de los tribunales competentes de no apoyar la consulta por haber sido declarada ilegal.

21. Los comisionados expresamos que en los momentos culminantes de la crisis, el día 28 de junio del año 2009, las Fuerzas Armadas acatan parcialmente la orden judicial dictada por el juez natural Tomás Arita, de allanar la vivienda y capturar al presidente José Manuel Zelaya, pero no cumplen la segunda parte, que mandaba presentar al presidente Zelaya ante autoridad competente. La junta de comandantes tomó la decisión de enviar al presidente Zelaya a San José, Costa Rica. Producido el golpe de Estado, la crisis política interna asume una dimensión internacional.

Así la Corte Suprema de Justicia no procedió a pedir explicaciones y a controlar los actos inconstitucionales de las fuerzas armadas, ni los cometidos posteriormente por el congreso nacional al separar de su cargo al presidente de la república y nombrar al presidente del congreso nacional, Roberto Micheletti.

22. Los comisionados obtuvimos testimonios de actores políticos involucrados en la crisis y de miembros de las Fuerzas Armadas acerca de las diferentes actividades y reuniones que estos últimos gestionaron y participaron, solicitando que la crisis política fuera resuelta en el ámbito político institucional. Para los días jueves y viernes, la institucionalidad del Estado de Honduras había caído en una parálisis. La orden de allanamiento y captura emitida por la Corte Suprema de Justicia el día jueves 26 y la comisión nombrada por el Congreso Nacional para investigar la conducta del presidente Zelaya ese mismo día jueves 26, son los últimos actos institucionales conocidos y constados por la CVR; otras acciones posteriores quedaron en el ámbito e iniciativas particulares. De esta forma, la resolución de la crisis pasó del ámbito de las instituciones civiles al ámbito de la institución militar.

23. Los comisionados constatamos que ante el incumplimiento de las Fuerzas Armadas, al no presentar al presidente Zelaya frente a autoridad competente como lo mandaba la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar lo trasladaron a Costa Rica, por el incumplimiento de esa instrucción judicial, a Corte Suprema de Justicia no pidió explicaciones ni se registra actuación alguna. Al mismo tiempo, consumada la expatriación del presidente, las Fuerzas Armadas convocaron a funcionarios de los Poderes del Estado y algunos políticos al Estado Mayor, ante lo cual algunos se negaron, pero a los que asistieron se les pidió redactar un comunicado a la población hondureña que explicara lo sucedido. Simultáneamente, otra reunión se estaba convocando en el Congreso Nacional. Dos esferas de acción se van definiendo, la de seguridad y manejo del conflicto sociopolítico dejadas a las Fuerzas Armadas y policías; y la definición política partidaria e institucional en el Congreso Nacional. Esta condición, y otras, hacen que el golpe de Estado en Honduras registre particularidades que rebasan el concepto clásico de golpe de Estado en América Latina.

Sobre los partidos políticos y organizaciones sociales:

24. Los comisionados consideramos que las organizaciones sociales de empresarios, gremios obreros y campesinos y las iglesias, que en el pasado habían participado en procesos de mediación y negociación frente a crisis políticas de diferente magnitud, en esta ocasión perdieron la capacidad y la posibilidad de una mediación efectiva, debido, fundamentalmente, a su vinculación y militancia con los sectores confrontados: los que se adhirieron a la consulta y los que la rechazaban.

25. Los comisionados manifestamos que los partidos políticos, como organizaciones de representaciónpolítica entre la sociedad y el Estado y como las únicas formas de organización reconocidas legalmente para el acceso al poder de la nación, se distanciaron de los actores principales de la crisis y renunciaron a la mediación política.

Sobre la Organización de los Estados Americanos:

26. Los comisionados concluimos que en el período previo al golpe de Estado la comunidad internacional no intervino, excepto los Gobiernos que apoyaban la iniciativa de la consulta y la OEA, que decide una misión de acompañamiento a la consulta, a pesar de que todos las instancias del Estado de Honduras con competencia en este tema habían emitido resoluciones de que la consulta era ilegal y que no se llevara a cabo. Esta decisión de la OEA minó la confianza de diferentes sectores hondureños en el organismo internacional.

27. Igualmente, los comisionados dejamos constancia de que la rápida reacción internacional para condenar el golpe, la suspensión de Honduras en la OEA y las diferentes iniciativas para alcanzar acuerdos entre las partes en conflicto, si bien expresaron con contundencia su rechazo al golpe contra el presidente, no lograron el propósito de reinstalar a Zelaya en el poder, por lo que se constata un bajo nivel de efectividad de la OEA y de las acciones internacionales, tanto en la fase preventiva de los conflictos como en el período post conflicto. En particular, los Estados miembros de la OEA impusieron limitaciones muy estrictas al secretario general, que no facilitaron su labor inmediatamente de constatación in situ de los hechos y de contactos con todos los sectores.

Sobre las consecuencias de los hechos del 29 de junio de 2009:

28. Los comisionados comunicamos que durante el recorrido que realizamos por los dieciocho departamentos del país, recibimos el reclamo y la demanda de los ciudadanos y ciudadanas hacia la clase política, los que se resumen en el derecho de saber la verdad, el reclamo de justicia y aplicación de la ley para los responsables, el rechazo a la práctica de provocar crisis y luego lograr pactos que conducen a la impunidad y reclamo, porque los políticos toman decisiones sin valorar el daño que causan a las personas más pobres.

29. Durante estas visitas y en los estudios especializados que se realizaron para la CVR, los comisionados constatamos las pérdidas que la crisis política y el golpe de Estado dejaron en la economía del país y en los sectores más postergados y vulnerables. Los testimonios recibidos evidencian el gran impacto que el retiro de la ayuda de la cooperación internacional produjo después del golpe de Estado en los sectores rurales, en programas sociales en el área de la salud materna-infantil, programas educativos, de desarrollo agrícola, de vivienda rural etc.

30. El efecto negativo de la crisis política sobre el sector externo fue significativo debido al decremento en las exportaciones. Es decir, el efecto de la crisis política representó alrededor del 23% de la caída de las exportaciones de bienes y servicios en ese año. Sin embargo, estas tendencias comenzaron a revertirse a principios de 2010. Así pues, el valor del impacto total (equivalente a 1.090 millones de dólares) equivalió a un 7,8% del PIB en 2008. Por ello, dado un decrecimiento económico para 2009 de -2,1%, alrededor de 0,2 puntos porcentuales se explicaron por las pérdidas generadas por esta crisis. A diferencia de lo que ocurre generalmente en los desastres naturales, ahora debe destacarse que fue en el sector privado donde ocurrió el mayor impacto (20.646,6 millones de lempiras).

31. Los comisionados consideramos que si hubiesen sido efectivos los diversos esfuerzos llevados a cabo en los procesos de negociación para el retorno y reinstalación del presidente Zelaya primero y la reinstalación del presidente en el cargo después de las elecciones de noviembre del año 2009, las consecuencias económicas y sociales del golpe de Estado hubieran tenido un menor impacto.

32. El 28 de junio de 2009 supuso un impacto claro en el sistema de partidos políticos hondureño, pero también sirvió para que la gente asimilara nuevos conceptos de un modo más nítido: “Hay un sector de la población que quiere otro tipo de representatividad, aunque esté fragmentada y no tenga un liderazgo claro y coherente”. Aunque existía desencanto partidista, este puede ir en aumento si los partidos no llevan a cabo las reformas que les hagan más democráticos internamente y transparentes en su gestión. Pero, también es importante que las organizaciones partidistas articulen vías de participación de la socied
ad civil.
33
. Los comisionados recibimos información y confirmamos la situación de vulnerabilidad de algunas instituciones del Estado, entre ellas del Tribunal Supremo Electoral, institución que al mes de mayo del año 2009, a siete meses de desarrollar el proceso electoral, solo había recibido un porcentaje inferior al 5% del presupuesto de ese año, ello debido a que la Secretaría de Finanzas no enviaba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos al Congreso Nacional para su aprobación. Además las resoluciones que el Tribunal Superior Electoral emitió en esta crisis, no fueron acatadas, ni por el poder Ejecutivo ni por los medios de comunicación, situación que disminuye la credibilidad de una institución pilar del proceso electoral y del sistema democrático.
34. Los comisionados consideramos legítimo el proceso electoral del año 2009, para elegir presidente de la república, designada a la presidencia, diputados al congreso nacional y corporaciones municipales, debido a que el proceso había iniciado con la convocatoria a elecciones internas de los movimientos o corrientes de cada uno delos partidos políticos desde el año 2008 y las elecciones generales fueron convocadas el 28 de mayo del año 2009, un mes antes del golpe de Estado; además, el proceso electoral es conducido por el Tribunal Supremo Electoral, organismo descentralizado, legalmente constituido y en el desarrollo del proceso electoral no tiene responsabilidades ni influencias el Poder Ejecutivo.

Sobre las violaciones a los derechos humanos:

35
. Los comisionados constatamos y recibimos testimonios del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante el golpe de Estado y el Gobierno de facto; lo que tuvo como resultado las violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política.
36. Los comisionados recibimos testimonios de la violencia y destrucción de los bienes públicos y privados que en las manifestaciones convocadas por organizaciones afines al presidente de Zelaya se llevaron a cabo. Esta destrucción se focalizó en medios de comunicación, comercios que explotan franquicias de alimentos y sedes de las iglesias católicas y evangélicas que se consideraba habían apoyado el golpe de Estado.

37
. Los comisionados rechazamos, condenamos y declaramos inadmisible el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas militares y policiales, y valoramos como más inadmisible aún la situación de indefensión en que quedaron los ciudadanos y ciudadanas hondureñas, debido a que las instituciones del Estado responsables de defender los derechos humanos no asumieron sus funciones y misiones institucionales, desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía, perdiendo así la confianza de la ciudadanía.
38. Los comisionados corroboramos que los medios de comunicación hondureños vivieron, trasmitieron y reflejaron, en diferentes grados, la misma polarización que vivía la sociedad hondureña. Al tomar partido por los bandos en conflicto, los medios de comunicación no tuvieron la capacidad de guardar la distancia entre el objeto-sujeto de la información y la preferencia política e ideológica de los propietarios de medios, directores de programas y periodistas. La ciudadanía hondureña fue privada del derecho de ser informada de manera objetiva y tener de esta forma la posibilidad de entender la complejidad de la crisis y decidir su posición con un conocimiento apropiado y veraz de los hechos.

39. Los comisionados rechazamos las violaciones a la libertad de expresión que se manifestaron con en el cierre y la ocupación por parte de militares de algunos medios de comunicación y la destrucción del equipo de transmisión, tanto en Tegucigalpa como en otras ciudades del país, específicamente de los medios afines al expresidente Zelaya. El mismo rechazo nos merece los ataques, destrucción y amenazas de parte de los ciudadanos supuestamente afines al expresidente Zelaya a medios de comunicación y periodistas, considerados o identificados como afines al Gobierno de facto.