Política integral sobre seguridad " Eduardo David Ardon "

Es natural, que ante el inusitado crecimiento de la inseguridad ciudadana, por los crímenes diarios que cometen las maras y el crimen organizado, el Ministerio Publico, la Policía Nacional y la Fiscalía, presentan alternativas y medidas para enfrentar de manera correcta a estos males sociales, pero, que no siempre, son los más correctos y, por si fuera poco, violan artículos importantes de la Constitución de la República.
La ciudadanía está preocupada porque “sin ton ni son” el Congreso Nacional aprueba leyes dizque para combatir la delincuencia, pero que, son preceptos anti constitucionales que nos colocan ante el mundo, como un estado represivo y fascista por el contenido coercitivo de tales leyes, que en lugar de corregir, más bien favorecen a que las personas aumenten e intensifiquen los delitos.
Nuestro país, con un porcentaje de 57.9% de homicidios por cada cien mil habitantes en el 2008, está en los primeros de los países más violentos de América Latina, no es casual, pues, que las autoridades prioricen el combate a la delincuencia común y organizada.
Según criterios de las autoridades de seguridad, para el año 2022, la política de seguridad habrá transformado esta situación, incidiendo en una reducción del porcentaje de homicidios por cada cien mil habitantes relacionados con el robo, delitos sexuales, crímenes del narcotráfico y todas al nivel promedio internacional.
Somos parte de la geografía de la inseguridad desde México a América Central, impulsada por el crimen organizado y sus redes internacionales.
Tal situación obliga no solo a efectuar alianzas internacionales, para mejorar la efectividad de las acciones y combatir estos delitos, sino, también alcanzar una protección efectiva a las fronteras del área, que son utilizadas por grupos criminales con relativa impunidad.
Por tal razón, la protección de las fronteras nacionales se concibe como una condición para disuadir a los que atacan externamente nuestra seguridad y fortalecer la confianza interna en esta lucha necesaria.
Es una verdad de Perogrullo que la inseguridad de las personas y sus bienes, así como el irrespeto a la ley y a las normas sociales de convivencia, destruyen el tejido social y las oportunidades para que los hondureños gocen de la calidad de vida que ameritan.
Naturalmente, que la estrategia para establecer la paz y el orden, requieren un esfuerzo colectivo y participativo de todo el conglomerado social.
Es urgente y necesario el combate a la inseguridad, no solo física, sino también jurídica, mediante el esfuerzo permanente, invirtiendo recursos públicos y privados para reducir la violencia, ejercer un cambio positivo en las instituciones operadoras de justicia, devolver la confianza en el papel del Estado de Derecho, cambiar y consolidar la independencia, transparencia y eficiencia del Poder Judicial, combatir la narcoactividad y el crimen organizado, erradicar la corrupción, proteger a las mujeres, niños y jóvenes, reforzar la seguridad de nuestras ciudades, imponer el respeto a los principios de la convivencia social y el respeto a los derechos humanos.

Expresan los referentes encargados de la seguridad nacional, que para el año 2022 la política de la misma se habrá transformado concretamente en lo referente a los homicidios, crímenes del narcotráfico, delitos sexuales y las muertes por accidentes de tránsito.
Los conflictos sociales, dicen se reducirán en un 75% como consecuencia de la consolidación de los procesos de participación ciudadana y el desarrollo progresivo de las condiciones económicas y sociales, las que, naturalmente, incidirán en las causas generadoras y facilitadoras de la delincuencia.
Todo lo anteriormente descrito, son los argumentos de la Visión de País 2010-2038 que el gobierno nacionalista que dirige Pepe Lobo, tiene en mente, aunque la realidad testaruda como es, nos presente otra visión totalmente diferente por la brutalidad de los hechos y los manejos incorrectos de las autoridades de seguridad al tratar de aprobar leyes anti constitucionales como el abuso de controlar irrespetuosamente la privacidad de las llamadas telefónicas, para que, según ellos, controlar efectivamente la comisión de delitos.
Aunque el Congreso Nacional ha dejado en suspenso la ley de escuchas telefónicas al nombrar una comisión para analizarla, la verdad es que existe el peligro inminente de que la aprueben en contra de la mayoría del pueblo, que opina en contra de este adefesio jurídico, propio de las dictaduras fascistas de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Al respecto, el Dr. Custodio expreso que ya no quiere más “palos de ciego” en materia de seguridad, proponiendo la creación de una política criminal del Estado para enfrentar la ola criminal que vivimos.
Sobre el particular, somos de la opinión sustentada por el experto en Derechos Humanos, Ubaldo herrera, de que las intervenciones telefónicas pueden ser utilizadas para la represión del crimen, pero al mismo tiempo, se pueden utilizar en espionaje telefónico para cuestiones políticas y empresariales, lo que las convierte en un arma de doble filo.
Por su parte, la Ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, opina seriamente que esta ley sacada del desván de los regímenes fascistas, violenta las garantías constitucionales y convenios internacionales que salvaguardan y defienden la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo que medie una orden judicial, al mismo tiempo, está también en desacuerdo con ampliar de 24 a 48 horas el termino para mantener detenida a una persona sin llevarlo a los tribunales.

Jari Dixon ha expresado que el trasfondo de esta ley es espiar a los que piensan diferente a los que gobiernan. Este procurador del Ministerio Publico, aclaro también que ya existe un procedimiento legal para intervenir llamadas telefónicas, lo que demuestra que detrás del instrumento jurídico existen otras intenciones.
Por su parte, el asesor de la ONU, Antonio Maldonado Paredes, estima que toda medida que se pretenda aplicar para combatir el crimen organizado, debe ser bien razonada y respetando las garantías individuales.
Concretamente, no es buena ni correcta esta ley, que indiscutiblemente viola las garantías individuales y no tiene nada que ver con una política integral de seguridad.


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