Al pie de la letra

El presidente Porfirio Lobo Sosa ha reiterado su compromiso de cumplir “al pie de la letra” el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación de la Democracia, cuya firma, entre sus efectos varios, ha allanado la normalización de las relaciones de Honduras con la comunidad latinoamericana y mundial.

En efecto, el 1° de junio próximo se debatirá, la Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá sobre la restitución de los derechos de Honduras en el sistema interamericano, en vísperas de la asamblea general ordinaria por celebrarse en El Salvador.

Gracias al Acuerdo de Cartagena de Indias, que constituye una memorable realización de la diplomacia latinoamericana, se abre el camino para la recomposición del entramado político-social en nuestro país, ciertamente garantizado por una gestión de seguimiento de mucho prestigio, integrada por Colombia, Venezuela, México y Brasil.

Eso significa, asimismo, que el cumplimiento “al pie de la letra” de los compromisos contraídos se remite esencialmente al texto del Acuerdo, sin más interpretación que lo exactamente consignado. Cualquier ampliación o extensión de los alcances establecidos sería una transgresión corrosiva de lo pactado.

Es común entre nosotros que los acuerdos políticos sean objeto de múltiples interpretaciones y especulaciones, generalmente con el propósito de corromperlos o de invalidarlos. De allí la triste conclusión del doctor José Ángel Zúñiga Huete, quien en el exilio se dolía de que “alguna maldición pesa sobre Honduras porque hasta la intención más noble o el propósito más diáfano y honesto rápidamente se corrompe”.
De allí la necesidad de la Comisión de Seguimiento, tomando en cuenta la trascendencia de la correcta aplicación del Acuerdo, puesto que se trata de una actuación ejemplar para la solución de una crisis política cuyo cometido no se reduce al ámbito hondureño sino que abarca todo el continente americano.

La repatriación del ex-presidente Zelaya Rosales en ese contexto va más allá del simple regreso sin temor a la persecución sectaria, sino que engloba la oportunidad de reencauzar el proceso político y social, abrir espacios de democratización interna y rehabilitar el funcionamiento del sistema político-electoral.

Por ejemplo, en lo que concierne al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que engloba la oposición al golpe de Estado, formada por una ciudadanía de amplio espectro (liberales, nacionalistas, udeístas, independientes), se le abre la posibilidad de entrar en el sistema partidista, lo cual, dicho sea de paso, es un proyecto muy complicado en su diseño y realización.

Para lograr ese objetivo, sin embargo, no hay otro procedimiento que el indicado en el Acuerdo de Cartagena de Indias en su punto 6, que textualmente dice: “Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral”.

Y reitera, al respecto: “Encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del Frente Nacional de Resistencia Popular en un ambiente de cooperación y transparencia”.

Esto significa, sin más y sin menos, la aplicación de lo establecido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para la inscripción de partidos, que, como bien se sabe, nada tiene que ver con el congreso nacional ni con enjuagues de trastienda.

Mayo 26, 2011