La Corte Suprema de rodillas ante la CIDH " Patricia Murillo Gutiérrez "

Lisa Barret, encargada de los asuntos jurídicos de la embajada del Reino Unido en Guatemala y el magistrado español José Antonio Martín Pallin, conocieron hace unos días en San Pedro Sula, la situación real de la falta de independencia en el sistema judicial hondureño, (con honrosas excepciones), asimismo la diplomática inglesa subrayó la gravedad de atentar contra la libertad de expresión en Honduras, no solo de los periodistas sino de todos los ciudadanos, jueces destituidos, inclusive.

Si hay una llaga purulenta que galvaniza la atención de los países civilizados respecto a Honduras, es la anulación de la independencia judicial y la represión exacerbada ante los periodistas y medios independientes.

Porque a juicio de quienes se han civilizado mas que nosotros: “el derecho a informar y ser informado es una conquista de la humanidad y desde que aparece la imprenta hasta hoy, ese derecho es una conquista de los pueblos, por tanto retroceder es nada mas que acercarse a lo mas profundo de la caverna donde vivía el eslabón perdido, ese que camino en dos pies y se diferencio de lo simios.

Y cuando se ha horadado, destruido el sagrado derecho a la independencia judicial y a la libertad de manifestarse de ciudadanos hondureños, jueces y magistrados en ejercicio como fueron los casos de Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone, Luis Chevez y la magistrada Tirsa Flores, aplicándoles sanciones disciplinarias ante su albedrío de no callar la verdad del Golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia que preside Jorge Rivera Avilez, patea literalmente en la cara limpia de la convivencia social, todas las reglas mínimas de la equidad y el respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto esos personajes siguen haciéndose de la vista gorda acerca de las causas reales del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Tanto los doctores Liza Barret, José Antonio Martín Pallin como Joaquín Mejía, magíster en Derechos Humanos hondureño, coincidían que la reconciliación nacional pasa por conocer la verdad y que la verdad es un derecho humano, de las victimas, de la sociedad entera y un Poder Judicial que trabaja en contra de la misma como parece ser el actual no está colaborando con un real Estado de Derecho.

Causa hilaridad por no decir repudio que la Corte Suprema, a través de su jefatura de Personal, “invito” a través de una circular a que todos los empleados de ese Poder, jueces incluidos se unieran a la marchas de los “blancos” aquellas que encabezaba el dictador Micheletti y una serie de personajes entre ellos resentidos exfuncionarios del derrocado Manuel Zelaya, como Rafael Pineda Ponce, Selma Estrada etc., otros quebradores del patrimonio nacional como la Corporación Nacional de Inversiones, Conadi, y también pobladores horrorizados ante la alineación mediática sufrida por tanto tiempo, incluyendo la religiosidad narcotizante y aterradora que algunos con la biblia de escudo, imponen en el país.

Y esos jueces valientes que ilustraban al pueblo acerca de las conspiraciones contra la democracia, fueron castigados por semejante Corte Suprema que es mal calificada por instancias jurídicas internacionales. Y también menospreciada por ministros de Porfirio Lobo como Oscar Álvarez que no se anduvo por las ramas cuando lapidario declaro: “ Dejamos ir a Miguel Vilella (supuesto narco hondureño) a Colombia, porque sabemos que a los jueces hondureños les tiembla la mano”.

Por ello no es ninguna sorpresa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, haya admitido el caso de los jueces Guillermo López Lone, Luis Chevez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y de la magistrada Tirsa Flores, señalando que “continuarán estudiando la petición presentada en julio de 2010 por la Asociación de Jueces por al Democracia de Honduras, AJD y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.

Tanto AJD como Cejil manifestaron ante la CIDH la violación de varios derechos humanos de los juristas despedidos, entre los que se encontraban los derechos a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

Notorio es que la recepción del caso de los jueces hondureños es el primer caso admitido por la CIDH por hechos relacionados con el golpe de Estado.

Por ello es que el pueblo hondureño aun ese que no se manifiesta, que aparenta bajar la cabeza ante todo o aquel que se acomoda porque las circunstancias lo exige y no quiere ser “ coloreado” como antigolpista por sus intereses personales, celebra tal decisión, que cuestiona la legalidad de las acciones del Estado Hondureño, en momentos que las autoridades insisten en negar que hubiera existido un rompimiento del orden constitucional y además mantiene sanciones arbitrarias en contra de los jueces y la magistrada, por haber ejercido su derecho a defender la democracia y al Estado de derecho, reza la declaración de la Comisión.

Millones de dólares, de euros “invirtió” la comunidad internacional, la misma Agencia Internacional para el desarrollo, AID, gobiernos como el de España, Suecia, en capacitar a los jueces, a los magistrados, a la policía, a los operadores de justicia incluyendo a los fiscales a partir de los años dos mil… viajes para Europa, giras a los Estados Unidos, derroche de dinero que hubiese sido mas útil para otras urgencias del pueblo, y al final de cuentas que tenemos: una Corte como fue la de Vilma Morales.

Y que tal si contamos los millones de euros que ha recibido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuya máxima conquista fue negar las balas vivas con que mataban y siguen asesinando a los hondureños, pues para el custodio de este régimen, son de “goma”.

Sin duda la diplomática Liza Barret y el español José Antonio Martín lo comprendieron muy, pero muy bien, aquí en San Pedro Sula.