Ridiculizan a representantes del Estado de Honduras en la CIDH

En el 141 período de audiencias públicas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trató sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras, en especial los que se producen con la represión de las manifestaciones públicas y el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asistieron a la audiencia representantes de organizaciones de DDHH y los jueces despedidos por la CSJ por una parte y la delegación oficial del régimen compuesta por miembros del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la CSJ.

Como se esperaba, la delegación oficial del régimen recurrió a la mentira para defenderse de las acusaciones que organizaciones que defienden los derechos humanos han presentado debidamente documentadas ante ese organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)

A la pregunta de los comisionados sobre el procedimiento a seguir para manifestarse públicamente, por la insistencia de Danelia Ferrera de que las manifestaciones eran ilícitas, los defensores de DDHH respondieron que los ciudadanos no necesitan permiso para poder expresar sus demandas y que la policía ha golpeado, herido y utilizado gases lacrimógenos de los que no hay explicación sobre los daños que pueden causar a las personas, violando un derecho fundamental de los ciudadanos.

Los defensores de DDHH acusaron a la fiscalía de proceder aceleradamente cuando se trata de requerir a los que se manifiestan en la defensa de sus derechos pero que su actuación es totalmente distinta cuando se trata de militares y policías acusados como violadores de derechos humanos.

Se relató el caso de la muerte de la maestra Ilse Ibania Velásquez señalando que una bomba lacrimógena lanzada desde un fusil había hecho impacto en su cabeza y originado su muerte. La respuesta de Danelia Ferrera, coordinadora de fiscales, dijo que la policía no era responsable de su muerte. Argumentos de este tipo fueron abundantes de principio a fin del discurso oficial.

Resultó sumamente contradictorio que el abogado Manuel Enrique Alvarado de la representación oficial- expresara luego de decir que era maestro de la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que lo sucedido en Honduras el 28 de junio había sido una sucesión presidencial y no un golpe de Estado, aún cuando los que encabezan el poder ejecutivo y legislativo no han tenido más remedio que aceptar en distintos foros nacionales e internacionales que lo que realmente sucedió fue un golpe de Estado.

En este caso a los defensores del régimen no les quedó otros recurso que el de exagerar las acciones violentas de algunos manifestantes, las que usualmente son producidas por agentes provocadores de la policía.

La presencia de un miembro de las fuerzas armadas y no de la policía que es la institución que debería hacer presencia en la audiencia de este organismo porque es la responsable de orden público dejó de nuevo en claro la falta de cuidado propio de quienes están acostumbrados a hacer las cosas a su antojo amparados en el control absoluto de un aparato de Estado.

Cuando tocó el turno a los jueces y a la magistrada despedidos se conoció en detalle sobre la ilegalidad de las decisiones tomadas en cada caso. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia a través de la magistrada Kaffati apuntó a invalidar el hecho de que los afectados hayan acudido a la CIDH cuando no se habían agotado los procedimientos en las instancias nacionales y que el propósito de los demandantes era utilizar políticamente la CIDH como lo habían hecho en el pasado luego el golpe de Estado.

La respuesta del comisionado Felipe González fue contundente. Él afirmó que incluso había jurisprudencia en la que se podía apoyar la solicitud de los demandantes y citó el caso de defensora de derechos humanos de Guatemala Mirna Mack que simultáneamente se llevaba en los tribunales nacionales y en la CIDH. Que la argumentación del régimen en su intento de invalidar tal actuación de los despedidos no tenía sentido alguno.

Para abundar en información y análisis sobre el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Marcia Aguiluz de CEJIL citó la nota que tiempo atrás, en medio del enfrentamiento callejero entre miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y los "camisetas blancas", la Jefe de Personal de ese tribunal distribuyó una nota en la que mandaba a jueces y personal administrativo de la CSJ a que acudieran a una manifestación convocada por las fuerza responsables del golpe de Estado. Impedidos a contrarrestar la acusación los representantes del régimen reconocieron que había sido un acto ilegal culpando a la funcionaria de haber tomado tal decisión personalmente aún cuando en la nota ella había señalado que tal iniciativa era ordenada por autoridad superior.

Se refirió además a que las acciones emprendidas en los tribunales nacionales habían resultado infructuosas y que en el caso de las actuaciones de la CSJ no había manera de apelar sus decisiones porque es el organismo judicial máximo.

La defensa del régimen resulta siempre muy débil y en esta oportunidad aún más cuando la CIDH puede acudir a los informes que ellos mismos elaboraron en dos visitas de investigación a Honduras estimuladas por el estado represivo que se ha desatado luego del golpe de estado y que en los últimos días se recrudece.

Las manifestaciones siguen siendo reprimidas violando mínimas normas contenidas en convenios internacionales. Ahora mismo, mientras se realiza la audiencia de la CIDH son muchos los manifestantes golpeados, heridos e intoxicados con gases lacrimógenos que se encuentran en centros hospitalarios, incluidos miembros de la prensa que han sido agredidos por no estar alineados con régimen.