Somos el país de la impunidad Por: Eduardo David Ardón

La sociedad hondureña es victima todos los días, de la criminalidad, sin que los autores sean investigados ni enviados a prisión por los órganos de impartir justicia.
El alto grado de impunidad que sufrimos es responsabilidad de los gobiernos que incumplen con un deber del estado consistente en velar por la seguridad de los ciudadanos.
El gobierno hondureño esta en deuda con su pueblo, con la comunidad internacional y con la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que en nuestro país, la impunidad continúa.

La impunidad creció en Honduras a partir del 28 de Junio 2009, fecha fatídica en el calendario histórico de nuestra sociedad.
Los golpistas principales como Romeo VásquezVelásquez, la Junta de Comandantes, Roberto Micheletti Bain, Jorge Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí, Enrique Ortez Colindres, Arturo Corrales, Ramón Custodio, Elvin Santos, Carlos Flores, Vilma Morales, la Diputada Marcia Facusse, viven actualmente en la impunidad y agazapados para volver a violar la Constitución si las ejecutorias del gobierno nacionalista que dirige Pepe Lobo, no satisfacen sus intereses de clase.
Quedaron impunes los asesinatos de jóvenes obreros, maestros, mujeres, estudiantes, campesinos que desde la Resistencia alzaron su voz en contra de los asesinos de la democracia en Honduras.
Los que persiguieron liberales del Poder Ciudadano en las montañas de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua y violaron mujeres con salvajismo dejando sus cadáveres a la intemperie, no han sido juzgados y suman la lista de las personas que viven con todos los privilegios, en la impunidad. Policías y soldados del ejército, en todas las manifestaciones de la Resistencia, han asesinado, golpeado, atropellado y vejado a humildes ciudadanos, cuyo delito es no estar de acuerdo con los hechos golpistas del 28 de Junio.

El terrorismo de estado, tiene luz verde, para ejercer todo tipo de violencia y cometer crímenes a diestra y siniestra, sin ser juzgados e investigados, lo que aumenta la impunidad que logra que los hondureños pierdan la credibilidad y la confianza ante la justicia y los cuerpos de seguridad.
Lo mas actual que hay que agregar, es el asesinato de 35 campesinos en el Bajo Aguan, como lo expresan dirigentes del MUCA, Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan.
Estos pobres del campo denuncian que han organizado un ejército de mercenarios colombianos para liquidar a compatriotas que defienden las tierras concedidas por el Instituto Nacional Agrario INA.
De acuerdo con la dirigencia del MUCA y MAC, Don Miguel Facusse, armo a 300 hombres con fusiles AR-15; M-16; AK-47 y M-60 que en compañía de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, han disparado contra la humanidad de los trabajadores del campo en tierras dadas por el INA.
Han asesinado a 16 miembros del MUCA y a 19 del MAC, sin tomar en cuenta a otros hondureños que no forman parte de estas organizaciones, por lo que acusan a las Fuerzas Armadas y al “demócrata” miguel Facusse por tales hechos.
Los mercenarios y sicarios colombianos se visten con el uniforme con el que van al exterior los militares hondureños lo que demuestra el apoyo represivo de Colombia a través del Ex Presidente Uribe.

Los actuales jefes de la Policía Nacional y los jerarcas del Ejercito, utilizan la impunidad para cometer asesinatos, violaciones al derecho de movilización y a la libre expresión del pensamiento contra los pobladores de la zona atlántica a quienes, a través de mentiras y barrabasadas de una campaña dolosa, mantienen reprimidos, atemorizados y en un ambiente de inseguridad permanente.
Pregonan por los órganos de prensa del golpismo, especialistas en la distorsión de la realidad, de una supuesta insurgencia en contra del gobierno y la “democracia” propia de los fascistas.
Dicen que los campesinos están armados. Esto es cierto, pero con los machetes e instrumentos que utilizan para la labranza.

La otra cuestión, es que el MUCA y MAC no están invadiendo tierras de Miguel Facusse, sino que pertenecen a empresas asociativas que ellos han dirigido y trabajado.
Concretamente lo que se esta preparando en esa región, es un genocidio que tal como sucede en nuestro país, quedara en la impunidad.
Los dueños de la tierra en el Bajo Aguan son el Diputado por Colon, Oscar RamónNájera, René Morales y Miguel Facusse que están cometiendo abusos y armando grupos de facinerosos y sicarios, para asesinar a los que luchan por estas tierras, que en base a triquiñuelas, se las han quitado y apoderado de ellas y se creen dioses omnipotentes.
También estos empresarios gozan de impunidad, a sabiendas de que han cometido vejámenes por los que deberían estar presos.
El asesinato de periodistas, sin que se conozcan los asesinos, es otro de los tantos ejemplos de que somos un país donde la impunidad se ha convertido en un sistema, lo que en pocas palabras significa que aquí no vale nada la vida.
Todas las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, se refieren a elementos del ejército, a miembros de la policía preventiva o de la Dirección General de Investigación Criminal. Solo una persona esta privada de libertad por violaciones a los Derechos Humanos y nada más 12 fueron imputadas, dicen los informes de la Fiscalía de los Derechos Humanos.
Uno de los obstáculos para la investigación de los casos, es la falta de recursos institucionales y la falta de colaboración de otras autoridades del Estado.

La Corte Interamericana ha definido la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos.
Esta obligación, el Estado solo la puede cumplir combatiendo la violación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad da lugar a la repetición permanente de las violaciones de Derechos Humanos y la total indefensión de las victimas y sus familiares.
En esta lucha urgente y necesaria, el gobierno tiene la obligación de organizar todo el aparato estatal de tal forma que se asegure jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos.
El Estado de Honduras, con su gobierno, no puede seguir incumpliendo las normas internacionales en lo referente a la violación de los Derechos Humanos. Ningún crimen debe quedar impune porque de continuar esta conducta, más temprano que tarde, las consecuencias serán impredecibles.





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