La burda campaña surtió efecto por Eduardo David Ardón

La falaz y burda campaña de la insurgencia en el Bajo Aguán, dio resultados positivos a los militares y a la Policía Nacional, pues al aprobarse el presupuesto del 2011 le aumentaron a las Fuerzas Armadas y a la Policía 88 y 85 millones de lempiras respectivamente. Para ello le bajaron a Educación 22 millones, con el débil argumento de que el flujo de donaciones extranjeras disminuirá el próximo año.


Este presupuesto se disintió en tres días porque en meses anteriores los involucrados en el tema plantearon todos los puntos ordenados por el FMI y los requerimientos de los ministerios y direcciones de todas las instituciones estatales.


Sin lugar a dudas, la suma de 133,920 millones de lempiras es la más alta que hemos tenido a lo largo de nuestra historia como país y estuvo signada por presiones de todo tipo, empezando con las del Fondo Monetario, los entes estatales y una burocracia ávida de riquezas, lujos y prebendas, en el marco, desde luego, de una crisis profunda.


Las amarras y frenos para concluir un presupuesto de ingresos y egresos justo, están vinculados fundamentalmente a las directrices del FMI que en esta época visitan a menudo nuestro país.


Los puntos neurálgicos impuestos por ellos se reducen a: reducir gradualmente el déficit hasta alcanzar un 2% a mediano plazo; reformar el Código Tributario; no alterar resoluciones sobre los impuestos sobre la renta y venta, contenidos en el decreto 17-2010; revisar exoneraciones tributarias; darle seguimiento a la modernización de la DEI; mantener el techo de gastos de bienes y servicios; reducir la masa salarial respecto al Producto Interno Bruto de 11.1 a 10.3 por ciento; fortalecer las empresas públicas como la ENEE y HONDUTEL; depurar las plazas de docentes y eliminar puestos duplicados.

Los beneficios adquiridos si cumplimos con estas directrices se resumen en un componente financiero y sirven de aval de credibilidad de país con el BM, BID y BCIE.


Concretamente estas medidas atentan contra la masa salarial de los obreros y contra el Estatuto del Docente sobre el que desde hace tiempo luchan para liquidarlo.


De acuerdo a las medidas dictadas por este organismo de financiamiento internacional, el Poder Ejecutivo no podrá erogar más de 32 mil millones de lempiras en pagos a empleados y funcionarios públicos. El déficit fiscal consolidado no puede pasar de 3.1% del Producto Interno Bruto, PIB, según el acuerdo Stand By firmado por nuestro Gobierno en meses anteriores.


Las comisiones nombradas en el Congreso Nacional sobre el Presupuesto 2011, consignaron un control de endeudamiento interno, el “congelamiento” de plazas e igualar el sistema de recursos humanos del Ministerio de Educación, con el resto del Gobierno Central para evitar la dualidad de pagos de salarios.


El dictamen de las dos comisiones se refirió a la pesada carga de 7,500 millones de lempiras para el pago de la deuda pública principalmente para cubrir intereses de bonos emitidos por el Estado. Se estableció también en las discusiones la cantidad de 75,675 millones de presupuesto para el Gobierno Central y 57,325 millones para las empresas descentralizadas.
Al final de la discusión, los diputados se enfrascaron en agrios debates en los que la mayoría decidió eliminar varios artículos de las disposiciones generales que tenían injerencias en actividades de otras secretarías.

Al final se llegó a la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos que aumentó para el próximo año en 8%, lo que equivale a diez mil millones de lempiras.


Según los entendidos, este presupuesto presenta medidas de austeridad y sanciones que van desde cinco mil a veinte mil lempiras para aquellos funcionarios que no cumplan con la aplicación de las disposiciones generales.


Además presenta controles para el gasto y la responsabilidad y obligación de que las autoridades de las distintas instituciones se presenten en audiencias públicas a informar acerca de la manera cómo están ejecutando su presupuesto cada tres meses y, mensualmente, tienen que detallar ante los organismos superiores de cómo se gasta tal presupuesto asignado.

Se dice, también, que no se crearon partidas nuevas ni mucho menos, dando atribuciones de una secretaría a otra, sino concentrando en una sola institución la ejecución de programas y proyectos vinculados con determinada actividad.
Al no crear más plazas, sin el respaldo financiero debido, se paran las intenciones y deseos de muchos diputados que históricamente se dedicaban a crear escuelas y puestos de maestros que no contaban con el correspondiente respaldo monetario.


Por estas razones, la Secretaría de Educación tuvo un superávit de 700 millones de lempiras que no se contaban en el presupuesto.


Cuestión controversial en el nuevo presupuesto es que el Ministro de Educación asumirá la exclusividad de los nombramientos de maestros, situación que ha generado gran polémica en este gremio, porque con ello pierden autoridad los directores departamentales.


Los liberales rechazaron este punto por considerarlo un retroceso porque se crea un monopolio para el Ministro y se quita la oportunidad a los nativos de cada lugar. Para taparle el “ojo al macho” determinaron que la medida es temporal.

Naturalmente que una cuestión es la teoría y la otra es la práctica. Lo fundamental es el cumplimiento de todo lo aprobado.
Lo que es una gran verdad es que tal presupuesto beneficia al FMI y golpea los salarios y los beneficios sociales del pueblo.


Por otra parte, se le conceden grandes privilegios a las FFAA y a la Policía Nacional que se han metido en un gran proyecto de represión contra el pueblo.


Se cumplen pues a pie juntillas los criterios macroeconómicos del FMI que aboga más que todo en el déficit fiscal y hace de lado la situación económica del pueblo que es sumido cada vez más en la extrema pobreza. Somos del parecer que cualquiera que sea la cantidad presupuestaria, lo importante es el manejo del mismo. Que esos miles de millones se destinen a mejorar la situación económica y no a crear nuevos ricos que son los “tapones del desarrollo nacional”.