realmente existe voluntad y responsabilidad para luchar contra la impunidad.

Hace dos semanas el mandatario hondureño pidió a la ONU la asistencia para que una comisión internacional se instale en el país con el propósito de darle seguimiento al tema de derechos humanos, delitos comunes, corrupción y aplicación de la justicia.

El planteamiento de Lobo ante las naciones unidas, despierta interés en algunos líderes de las organizaciones de la sociedad civil, quienes en un conversatorio realizado en la capital, plantearon la necesidad de abrir una discusión nacional sobre el tema.

“Mi planteamiento es que el tema se lleve al pueblo y se discuta ampliamente para señalar quienes son los responsables de muchos delitos. Nosotros sabemos quiénes son los responsables y por eso hay que abrir espacios para explicarle a la gente porque existe la impunidad”, afirmó Juan Almendares Bonilla, director del Centro para el Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT).

Dijo además que es necesario repensar el tema de los derechos humanos para tomar en cuenta el proceso histórico de los pueblos que a través de la lucha han logrado crear espacios de liberación.

Wilfredo Méndez, director ejecutivo del centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), califica la petición de Lobo a la ONU, como una de las más serias que ha llevado a cabo el gobierno, sin embargo, es importante develar si realmente existe voluntad y responsabilidad para luchar contra la impunidad.

“Habrá que ver cuál es el mandato en que se intuye la Comisión contra la impunidad y eso nos revelará si es que en verdad se quiere luchar contra la impunidad o si solamente es un institución más para lograr un favor de la comunidad internacional”, dijo Méndez.

Una de las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios profesionales, centrales obreras entre otras, es la deducción de responsabilidades a quienes han tenido un papel protagónico en los abusos cometidos en contra de un sector de la población, el cual desde el golpe de Estado perpetrado al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ha sido reprimido en las calles.

Varias personas muertas se registran como resultado de los enfrentamientos que se han desatado entre los sectores citados atrás y los elementos policiales y militares, sin embargo los casos permanecen en la impunidad.