Honduras a responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el marco del golpe de Estado, unos 600 hondureños, incluyendo periodistas tienen medidas cautelares, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americano.



Esto se produjo a solicitud del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).

Mediante un comunicado, recordó que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa ha señalado que hay 60 acuerdos de implementación de medidas cautelares, pero en su última visita a Honduras en el mes de mayo, la Comisión concluyó en sus observaciones preliminares que en este país “los esfuerzos realizados por el Estado para implementar las medidas cautelares han sido escasos, tardíos, deficientes y en algunos casos, nulos”.

En ese sentido, los peticionarios tratarán de aportar información que demuestra que Honduras no está implementando adecuadamente las medidas ni investigando el origen de las amenazas y hostigamientos.

“Tampoco ha sido capaz de sensibilizar y capacitar a los agentes de seguridad sobre la importancia de dar un cumplimiento efectivo de las medidas de protección que han sido ordenadas por la Comisión Interamericana”, añade el comunicado.

A petición del Cejil y el Programa de Legislaciones y Derecho de la Comunicación para América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC), la CIDH también abordará la situación de la prensa en Honduras.

Aseguró que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la labor de periodistas y comunicadores sociales. La violencia hacia periodistas ha adquirido niveles sin precedentes. Al menos ocho periodistas murieron en 2010 por razones que podrían estar relacionadas con su trabajo”.

MEDIDAS CAUTELARES
Son medidas de protección que la Comisión Interamericana puede solicitar que un Estado tome para prevenir daños irreparables a personas bajo su jurisdicción, en situaciones de gravedad y urgencia. Las personas pueden estar relacionadas o no a una petición o a un caso ante el Sistema Interamericano


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