El gobierno de Honduras muestra una "absoluta falta de voluntad" para proteger a personas amenazadas o en riesgo, denunciaron este lunes varias ONG durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH ha otorgado medidas cautelares a unas 300 personas en Honduras desde el golpe de Estado de junio de 2009, pero alrededor de unas 60 han recibido efectivamente protección, afirmaron las ONG durante la audiencia en Washington.
Existe una "absoluta falta de voluntad del Estado" para proteger a ex funcionarios del gobierno del presidente derrocado Manuel Zelaya, periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, afirmó Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Durante este año, dos personas que gozaban de medidas de protección fueron asesinadas, tres fueron víctimas de atentados y 25 más siguen recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento, indicó Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).
Otras nueve personas amenazadas han tenido que abandonar el país junto a sus familiares, dijo Agurcia.
Las personas perseguidas casi en su totalidad son opositores del golpe de Estado de junio de 2009, señalaron las ONG, lo que pone un obstáculo adicional porque hay "falta de confianza en las instituciones existentes" del gobierno de Porfirio Lobo, indicó Kenia Oliva, de Cofadeh.
Las escoltas ofrecidas por el gobierno son costosas y el patrullaje policial sólo dura un par de días tras el otorgamiento de las medidas de protección y luego de suspenden, según las ONG.
Ha habido "obstáculos" para concretar las medidas de protección pero la situación "ha mejorado" desde la creación en marzo de la unidad de Derechos Humanos de la secretaría de Seguridad hondureña, admitió un miembro de ese ente, Kelvin Aguirre, que defendió la labor del gobierno durante la audiencia.
"Es indispensable realizar un fortalecimiento cuantitativo y cualitativo del trabajo del Estado en materia de medidas cautelares", afirmó el presidente de la CIDH, Felipe González.
"Es prácticamente inexistente la sanción a violadores" de derechos humanos a 16 meses del golpe de Estado, lamentó el presidente de la Comisión, que ha sido muy crítica de la situación en Honduras desde el derrocamiento de Manuel Zelaya.
En otra audiencia de la CIDH este lunes se analizó los peligros que enfrentan en Honduras los periodistas, nueve de los cuales han sido asesinados en lo que va de año, según cifras de la Comisión.
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