La existencia de nuestro Comité es una de las pruebas fehacientes de que existimos”, increpó el Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de Honduras (CPPEPH), en respuesta al pedido de una lista de desterrados y perseguidos políticos que el jefe del Ejecutivo, Porfirio Lobo, hizo al presidente defenestrado, Manuel Zelaya, también en el exilio forzado.
El CPPEPH expuso que la existencia del propio Comité ya es “una de las pruebas fehacientes de que existimos, de que no somos un invento, sino consecuencia de la brutalidad de los organismos represores (Ejército y Policía) del gobierno espurio”.
Indican a Lobo que la lista de la que habla puede pedirla a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que han recibido el testimonio de miles de personas, y si, aun, cree que estos son “imparciales”, pida el registro a la Fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
La fiscal Ponce, “le puede hacer el resumen de todas las denuncias por detención ilegal, golpes, tortura y asesinato que han cometido, policías y militares de su Gobierno”, le recomiendan a Lobo.
El Comité cuestionan que por más de un año, los casos de “asesinatos, de detenciones ilegales, de golpeados y golpeadas, de amenazados y amenazados”, han estado en la Fiscalía y en los Juzgados, sin que haya hasta ahora ninguna respuesta.
Además, “el decreto de amnistía sólo ha sido utilizado para los militares por su participación en el Golpe de Estado”. Tampoco se ha llevado a juicio a nadie responsable por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por lo que “la impunidad es un grave problema que enfrentamos día a día en Honduras”, acusan.
El CPPEPH, denuncia que “la detención ilegal, persecución, amenazas se ha intensificado con cifras alarmantes”; el paramilitarismo se emprende como “práctica política” contra las organizaciones del movimiento social, y pretenden hacerlo pasar “como delincuencia común”.
Argumentan que de la Policía y de los aparatos represores “no se puede esperar nada, pues no cooperan en la defensa de los derechos humanos”, según ha admitido el propio Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; a quien el CPPEPH califica de un “infame” y “cómplice de los asesinos de decenas de compatriotas”.
“Ya nadie lo reconoce como un defensor del pueblo”, afirman.
Lo integrantes del Comité Acusan a Lobo de no hacer caso al pueblo sobre los problemas agrarios, de salud, educación, los altos cobros de la energía eléctrica y otras demandas. Llaman a hacer esfuerzos de organización y a no caer “en las trampas del Lobo y el régimen militar que se disfraza de democracia”.
“Yo le digo claramente, públicamente, le pido que me den el listado de las personas que están desterrados que dicen ellos, y que están siendo perseguidas, porque no es una política de Gobierno y si hay alguna autoridad, en cualquier nivel, que está haciendo acciones de este tipo, serán castigados con todo el peso de la ley”, fue el pedido informal en un medio radial, de Lobo al presidente expatriado Manuel Zelaya
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