anular los juicios que le fueron imputados al presidente, Manuel Zelaya; “como requisito previo para readmitir Honduras en la OEA " CSJ"

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), estaría estudiando anular los juicios que le fueron imputados al presidente expatriado, Manuel Zelaya; “como requisito previo para readmitir Honduras en la OEA”, anticipó este viernes, la emisora hondureña Radio Globo.

La Corte, ya tendría recabados los elementos jurídicos que le permitirían fundamentar una resolución a fin de que no se continúe con los dos supuestos juicios seguidos contra Zelaya, vistos como de “intención política” por una Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según lo informado, el procedimiento observado en los expedientes para los falsos juicios, presenta “vicios” que “impiden” que estos sean “continuados”, por lo que de proseguirlos “cualquier resolución sería nula”.

Los documentos analizados por la Corte estarían siendo llevados a la OEA, en Washington, próximamente, por el titular de la Secretaria de Planificación, Arturo Corrales, quien también fue el comisionado para el pacto San José -Guaymuras del gobernante de facto, impuesto por el golpe de Estado, Roberto Micheletti.

Al tiempo que, serían “reactivados los juicios contra la cúpula de las Fuerzas Armadas”, responsables por la dirección y la ejecución militar del Golpe; todo a fin de mostrar la “buena voluntad” del régimen de Porfirio Lobo de favorecer la readmisión de Honduras al organismo continental.

El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, magistrado de la causa abierta a los militares por la expulsión de Zelaya, les dictó sobreseimiento definitivo declarando que la Fiscalía no logró probar la causa, y dio cartas de libertad a los seis oficiales de la Junta de Comandantes, en una audiencia a la que ni siquiera se presentaron, en una trama más del guión golpista.

El requerimiento del Ministerio Público a la cúpula militar, fue considerado, como “un truco”, por Zelaya, desde que fue anunciado por ese ente.

La acción de la Corte, ahora acelerada, se relaciona a la urgencia obligada por reingresar Honduras a la OEA, y constituye un paso de interés para lograr introducir la discusión del tema en la agenda de la próxima Asamblea General de ese organismo regional, del que fue suspendido el país a causa del golpe de Estado, como establece la Carta Fundacional.


Pero antes, debe haber “una resolución y voluntad manifiesta de la posibilidad real de la anulación de los juicios”, según anunció la Radio, que aseguró tener la información confirmada de “fuente de todo crédito”.

Lo indicado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA.

La Comisión de Alto Nivel de la Organización de la OEA, constituida para Honduras, dictaminó que estimaba “conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”.

Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, sostuvo la Comisión.

“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, que no puede ignorarse. Por lo que esas acusaciones son “percibidas como políticamente motivadas”, declaró la Comisión de Alto Nivel.

El informe de la Comisión, presentado a finales de julio de 2010, recomendó que “se ponga en práctica”, la disposición manifestada por el titular del régimen, Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya al reingresar éste a su país.

Indicó que Zelaya, solicitara al Parlamento Centroamericano (Parlacen) su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería su carácter de presidente constitucional de Honduras.

Zelaya fue investido como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), siendo juramentado como tal, el 17 de septiembre de 2010.

La última delegación de la OEA de visita en Honduras, llegó a fin de “apoyar la formación” de la Comisión oficial de la Verdad y la Reconciliación, estuvo integrada por la boliviana, Claudia Barrientos, asistente del Secretario de Asuntos Políticos, el ecuatoriano, Víctor Rico, y representante del Secretario General, José Miguel Insulza.



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