“La impunidad agudiza los femicidios en Honduras”, Jéssica Sánchez

Cada 18 horas una mujer es asesinada en Honduras, crímenes de los cuales aproximadamente el 98% permanecen impunes. Todos los días aparecen en los periódicos notas que tienen a las mujeres hondureñas como víctimas, y victimarios en libertad.

¿Qué es lo que realmente está ocurriendo para que haya un incremento tan evidente en la criminalidad contra las mujeres?
Para dialogar más sobre el papel del Estado ante esta criminalidad femicida, la Campaña Nacional Contra los Femicidios entrevistó a Jéssica Sánchez, quien a través de la investigación argumenta su opinión sobre esta problemática, advirtiendo a la sociedad hondureña la gravedad de los femicidios en Honduras.

Investigadora del “Informe: Femicidios en Honduras”, Jéssica Sánchez, además de analizar la responsabilidad directa del Estado hondureño frente a estos crímenes, propone ciertas medidas que el Estado debe adoptar para frenar estos femicidios.

Campaña Nacional Contra los Femicidios (CNCF): Cada 48 horas, una mujer muere asesinada en Honduras, ¿qué es lo que realmente está pasando para que la criminalidad frente a las mujeres hondureñas esté llegando a estos límites?

Jéssica Sánchez (JS): Es indudable que a raíz del Golpe de Estado en Honduras se dio un debilitamiento de la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos y específicamente en la problemática de violencia contra las mujeres. Algunas de estas instituciones apoyaron el golpe de Estado, entre ellas el Comisionado de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Estas eran instancias que daban respuesta a la situación de violencia contra las mujeres a nivel local y nacional en el área de prevención y atención de esta violencia.



Ahora estas instancias dan poca respuesta a esta problemática por lo que nos encontramos frente a un escenario de total desprotección institucional para el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a la vida y producto de este escenario se genera una desconfianza en la efectividad de la aplicación de la justicia por parte de la población afectada.



Se podría decir que los femicidios se han agudizado como producto de este marco de debilidad institucional, donde la impunidad es una pieza fundamental de este engranaje. Por otro lado, el golpe de Estado provocó una fuerte fractura entre la coordinación del movimiento de mujeres-feminista y las instituciones administradoras de justicia (policía, Fiscalía de la Mujer) lo que provocó un retroceso en el trabajo que se venía realizando en cuanto a rendición de cuentas y auditoría social en la temática de violencia contra la mujer.



Las instancias administradoras de justicia, no se sienten responsables o comprometidas a rendir cuentas por las muertes de mujeres, si no que se escudan con argumentos como: “es normal que las maten si andan en las calles”, “mueren más hombres que mujeres” (como los comentarios emitidos por el director de la DGIC respondiendo a la campaña de la Tribuna de mujeres contra los femicidios), olvidando su papel como servidores públicos en la administración de justicia. La cuestión no es cuantas mujeres sean asesinadas, ya que aún siendo solo una estos organismos tienen la obligación de investigar y dar cuenta a la sociedad de estos crímenes. De esta forma creen minimizar la importancia que se le debe dar a los femicidios dentro del rango de la problemática de violencia en la sociedad.



Por último exponer que nos encontramos en un contexto post-golpe de Estado, que de alguna manera se convierte en un contexto de guerra ya que no sólo hay inseguridad, hay represión, brutalidad y uso de la fuerza excesiva por parte de los cuerpos policiales, lo que genera mayores niveles de impunidad, mayor incremento de delitos y genera un marco de violencia contra las mujeres de alguna manera nuevo, que es la violencia política dirigida contra los cuerpos de las mujeres y validada con el mandato de consigna de “seguridad nacional”. Los cuerpos represivos tienen mayor poder y control para el ejercicio de la violencia contra las mujeres y menor capacidad de respuesta ante el delito como en el caso de los femicidios, siendo ellos (policía, ejército) otro de los actores identificados como responsables de estos crímenes violentos, muchas veces ligados al crimen organizado.



CNCF: ¿Es el modelo de sociedad patriarcal en el que vivimos, el culpable directo de estos crímenes?

JS: Podríamos decir que sí y en este sentido es importante reconocer el contexto de guerra y militarización que se vive en Honduras y en la región. En estas guerras el cuerpo de las mujeres es un botín y un escenario de batalla. Por otro lado la guerra desatada bajo otros escenarios, como la guerra contra el narcotráfico, también tiene como cuerpo de batalla a las mujeres, en este contexto, se les asesina y criminaliza, pasando de ser víctimas a protagonistas de su propia muerte.

Los femicidios pasan entonces a convertirse no en un delito si no en “castigo”, producto de una acción criminal. Creemos que esta óptica va encaminada no sólo a generar más impunidad, sino a restar importancia política al asesinato de mujeres como un problema de la sociedad. Se está tratando de que la carga de los femicidios recaiga sobre las mujeres, invalidando nuestra propuesta política feminista en la que expresamos: “los femicidios son un asunto público y un crimen de estado” y “la violencia contra las mujeres es un asunto de todas y todos”.

CNCF: ¿Existe una misoginia generalizada en la sociedad y el Estado hondureño?

JS: Creo que los patrones culturales en la sociedad hondureña han cambiado. Sigue habiendo misoginia del parte de la sociedad y el Estado pero en diferentes niveles.

Por parte del Estado la misoginia se ha agudizado, ahora nos encontramos ante un Estado que reconoce un II plan de igualdad y equidad de género con la venia de las iglesias fundamentalistas, con un marco inexistente de políticas públicas en violencia para las mujeres o educación en género y de un franco retroceso en los derechos sexuales y reproductivos.



Estas instancias del Estado no reconocen el papel histórico del movimiento feminista y de mujeres en el desarrollo de la Equidad de género y la lucha contra la violencia en el país. Prueba de ello es que el 8 de marzo del presente año, se celebró el día internacional de la mujer con un ataque del ejército en labor de “protección” hacia el Instituto Nacional de la Mujer hacia un grupo de feministas que se encontraban en el parque central conmemorando esta fecha. Esta misoginia del Estado se ha reforzado y encontrado a su vez exponentes femeninos para su expresión, como en el caso de Marta Lorena Castro, representante del Opus Dei y férrea opositora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.



La sociedad civil por otro lado, ha dado un cambio en lo que significa la apreciación del protagonismo de las mujeres y de las feministas a raíz de su participación en la lucha contra el golpe de Estado y esta percepción sigue creciendo. Es obvio que todavía hay muchas resistencias a desmontar en esta cultura patriarcal, como los patrones de violencia contra las mujeres, las brechas de género entre remuneración por igual trabajo-igual salario, acceso a las oportunidades entre otras.



CNCF: ¿Qué componentes sociales y políticos han provocado para que desde el 2002 hasta la fecha los femicidios se encuentren en un constante incremento?



JS: La irrupción de actores nuevos y nuevas formas de violencia: crimen organizado, maras, trata de mujeres, entre otros. . Debilidad institucional y falta de respuesta estatal y de las instancias administradoras de justicia ante la problemática de violencia contra las mujeres.. Contexto de guerra y militarización (guerra al narcotráfico, anti-terrorismo, golpe de estado)

. Cultura de violencia hacia las mujeres.

CNCF: Ante las insuficientes acciones del Estado hondureño para impedir la discriminación, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, ¿es el Estado un cómplice directo ante los asesinatos de mujeres?

JS: Es más bien un responsable ya que la policía y cuerpos represivos del Estado son señalados en algunos casos como ejecutores de los crímenes. Por otro lado, el nivel de impunidad y la falta de eficacia en la resolución de los casos, señala claramente la negligencia del Estado en la atención a la temática de los femicidios. Esta situación es particularmente importante de analizar ya que en el año 2009 se aprobó un aumento de 4 millones para la creación en el Ministerio Público de la Unidad de Crímenes violentos contra la vida, instancia que depende de la Fiscalía de la Mujer.

Con este dinero se abrieron nuevas oficinas regionales y se contrató más personal de investigación. ¿Dónde están los resultados de esa asignación presupuestaria? No sólo aumentaron los femicidios, sino que la Fiscalía logró apenas un 25% de efectividad en la resolución de los casos en el 2009, lo que indica un pobre papel en el desempeño de las funciones de esta entidad.

Los registros que lleva tanto la Policía, como el Ministerio Público y la DNIC siguen presentado incongruencias en cuanto al número de femicidios y no se ha logrado mejorar los sistemas de información estadística y cualitativa. No se ha logrado que el Poder Legislativo o la Comisión de la Mujer del Congreso incorpore una moción para la investigación de los femicidios y el presente plan de Gobierno no tiene incorporado el enfoque de género, mucho menos el tema de violencia contra las mujeres. Eso nos indica el nivel de prioridad que se le está dando al problema desde los tres poderes del Estado.

CNCF: ¿Qué medidas debe el Estado adoptar para hacerle frente a esta problemática?

JS: Primero hace falta que el Estado reconozca las violaciones a los derechos humanos y de forma particular los derechos de las mujeres en el contexto del golpe de Estado. Como segundo paso hace falta re-articular los espacios de diálogo con sociedad civil-movimiento feminista para trazar estrategias o reorientar propuestas planteadas con anterioridad tales como:

-Discusión sobre propuesta de Ley o artículos de penalización sobre el femicidio a nivel legislativo y judicial -Revisión del papel del Ministerio Publico
-Fiscalía de la Mujer en los procesos de investigación de los femicidios. Auditoría estatal
-Construcción de indicadores de avance para los organismos de justicia (policía, fiscalía) en la atención de casos de femicidio-Evaluación del papel de las autoridades administradoras de justicia
-Implementación a nivel del Ministerio de educación e INAM de campañas educativas y de prevención de violencia contra las mujeres y femicidios-Implementación a nivel de Ministerio de educación e INAM de campañas de divulgación-comunicación sobre prevención de femicidios

CNCF: El director de la DNIC, Francisco Murillo, declaró ante los medios de comunicación lo siguiente: “debemos entender que hay varias razones del porqué se han incrementado las muertes de mujeres en forma violenta, y en primer lugar está la equidad de género, donde la mujer está participando en nuevos roles, competencias que antes eran propias de los hombres”, ante esta visión de las autoridades públicas, ¿qué panorama advierte usted en el combate contra los femicidios?

JS: Obviamente se está tratando de dar vuelta a la moneda y responsabilizar a las mujeres de sus propios asesinatos. El tema de la equidad de género debe ser tratado en un marco de respeto y conocimiento, no en el marco de la ignorancia. Particularmente me parece una falta de respeto haber hecho estas declaraciones cuando el enfoque de equidad de género es una teoría que parte de la restitución de los derechos de las mujeres en un marco de protección a los derechos humanos.



Es absurdo que un funcionario público, encargado de la seguridad del país diga que si las mujeres están en nuevos roles y competencias entonces están siendo asesinadas en mayor número, ya que el Estado debe garantizar esta participación de las mujeres en condiciones equitativas, lo que cual no implica por supuesto mayores niveles de violencia. El panorama no es muy optimista si esta declaración es la voz oficial de la Policía Nacional ya esta opinión nos advierte no solo el poco interés en la resolución de la problemática, si no la falta de tacto, la apatía y la actitud misógina de las autoridades públicas para hacer frente a los femicidios.



CNCF: ¿Qué papel juegan los diferentes acuerdos internacionales para hacerle frente a la violencia contra las mujeres? ¿En la práctica han tenido alguna incidencia?

JS: En un momento se tuvo incidencia (con la aprobación de la Ley contra la violencia Doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades) y también en la ejecución de planes y programas dentro en diferentes organismos del Estado y sistema Judicial (Creación del INAM, Apertura de la Fiscalía de la Mujer y creación de la unidad de crímenes violentos, apertura de juzgados de violencia doméstica), sin embargo a raíz del golpe de Estado todas estas convenciones están paralizadas. No hay equipos de seguimiento de las Convenciones a nivel estatal y mucho menos en coordinación con sociedad civil y movimiento feminista. Este es un aspecto que merece la pena retomar bajo la figura de los informes sombra (en cuanto a movimiento de mujeres) e informes de cumplimiento del Gobierno de estas Convenciones, retomando un antes y un después del Golpe de Estado. Un problema para la aplicación de estas convenciones es la falta de presión internacional y de los organismos de cooperación para su cumplimiento.

CNCF: Sólo una de cada diez denuncias de violencia doméstica terminan con una sentencia que condene al agresor, ¿Qué es lo que está fallando para que haya una correcta aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica?

Investigación policial y aplicación de medidas deficiente
Falta de personal competente y comprometido asignado a los Juzgados de violencia doméstica
Poco personal asignado para un delito que es el más denunciado en el país
Poco compromiso (a nivel nacional y rural) de los jueces y policía que conocen los casos Falta de mecanismos de seguimiento en la aplicación de las medidas de violencia doméstica
Abandono de las mujeres de los casos por la falta de efectividad de la Ley (amenazas a su integridad física y su vida)
Trámites largos y tediosos para las mujeres, que no se encuentra disponible en todas las localidadesFalta de sanción a funcionarios públicos por incumplimiento de la Ley
Falta de sanción a los agresores