Una “práctica sistemática de uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones pacificas por luchas gremiales”, denunció el presidente del Codeh, Andrés Pavón, ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
El Codeh relata que el 27 de de agosto de 2010, grupos de profesores y profesoras fueron, brutalmente, reprimidos por la Policía Nacional que llegó hasta el boulevard Morazán, donde se desarrollaba una manifestación pacífica del magisterio hondureño.
“Es una manifestación pacífica, porque el fin que persigue es de público conocimiento”, justificó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón.
Quien, además, complementó que en Honduras “el Código Penal refiere que una manifestación es ilegal cuando tiene como fin cometer un delito, y que se realiza utilizando armas de fuego y explosivos”.
Y argumentó que “ninguno de estos presupuestos se dan en la manifestación convocada por los docentes”, que respondió al llamado de su Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH).
El Codeh, recomienda que la Fiscalía de los Derechos Humanos investigué y califique si la manifestación es ilegal, si los medios utilizados por la Policía fueron proporcionales para disolver la manifestación.
Que el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), presente un informe de los hechos y califique el nivel de violaciones a los derechos humanos ocurridas.
De encontrarse indicios racionales de que se hay delitos de abuso de autoridad, lesiones, criminalización de la protesta social y otros, de riesgo de la integridad física de las víctimas y hasta la vida, “se determiné quien la ordenó y quienes dirigieron esta agresión, para las acciones procesales”.
De algunos de los hechos violentos y la fuerza excesiva.
Pavón relató que era la una y veinte minutos cuando las líneas telefónicas del Codeh, “se saturaron”, y los teléfonos celulares del equipo técnico y de voluntariado “timbraron insistentemente, con llamadas de auxilio” de los docentes manifestantes.
Voluntarias del Codeh, quedaron atrapadas en una de las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional Fráncico Morazán (UPNFM), desde donde observaban la agresión policial y comunicaban que esas instalaciones estaban convertidas en una “recamara de gas”.
La situación era “horrible […] gritos de angustia desesperación e impotencia se escuchaban, eran cientos de personas atrapadas en el mar de humo en que se había transformado la atmosfera que envolvía el espacio de la universidad”, relata en el informe.
El Presidente del Codeh, Andrés Pavón, que había llegado al lugar, pidió detener la “bárbara agresión”, y denunció que, en ese momento, el periodista Carlos Paz era agredido físicamente y sometido a tratos crueles, a pesar de que portaba su carné de comunicador social que trabaja para Radio Globo.
Pavón denuncia que más de veinte personas fueron retenidas en una cerca perimetral, les habían quitado los cordones de los zapatos y con ellos les ataron las manos hacia atrás, los policías accedieron a la solicitud de Pavón de que se los entregaran junto a más de ciento veinte docentes que habían sido sacados, en fila, de las instalaciones de la UPN, a fin de que salieran de la zona de conflicto.
Junto al Codeh, miembros del Centro para la Prevención y Tratamiento de la Tortura (Cptrt), y del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), visitaron las oficinas policiales en la colonia Kennedy, y fueron a un hospital que está en las instalaciones de la Policía de Tránsito.
A ese hospital, habían estado llevando los heridos para lavarles la sangre, lo que según denuncia el Codeh, “constituye delito” porque supone alterar o hacer desaparecer evidencias del daño en caso de que el Ministerio Público iniciara la acción procesal; y sólo el departamento de Medicina Forense está facultado para determinar el daño de una lesión.
El Codeh auxilió, Junto a la Cruz Roja (CRH) a más de diez personas, incluyendo niños de 12 y 13 años que fueron afectados por los gases lacrimógenos, y llevaron los heridos al Hospimed, en carros de ese organismo humanitario.
Las personas heridas o intoxicadas fueron llevadas a ese hospital privado debido a que en el público Hospital Escuela se negaban a atender a manifestantes, o a quienes se declaraban miembros de la Resistencia.
Pavón, además de afectado por los gases, testificó la cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas al interior de la Universidad, el ingreso de los policías al recinto y la persecución a los manifestantes que estaban en el inmueble, de la saturación del ambiente por gases, del terror de mujeres y niños, habiéndose instalado una carpa para tomar testimonios de los agredidos.
El Codeh presentó algunos nombres de las víctimas, porque a la fecha de la denuncia no se habían procesado todas las denuncias recibidas.
Los compuestos químicos de las bombas lacrimógenas no están registrados en los hospitales públicos o privados del país, lo que evidencia que no hay los reactivos necesarios para evitar que ocurran muertes como sucedió en el pasado reciente, verificó el Codeh.
Pavón referenció que el 20 de agosto de 2010, también se registraron desalojos violentos a manifestantes docentes que dejaron personas heridas y otras “judicializadas” -convertidas de “victimas a victimarios”-, resultando cuatro docentes con “lesiones graves”.
Andrés Martínez Solórzano, Carlos Francisco Anariva, Luis Alonso Sosa Salgado y Edgar Arnulfo Soriano Dávila, fueron los cuatro profesores heridos que, además, fueron judicializados por “manifestación ilícita y atentado”, con requerimiento fiscal del Ministerio Público.
A la fecha de la denuncia, hacia 30 días que la FOMH, después de debatir con funcionarios del Régimen y no obtener una respuesta satisfactoria a varias exigencias relacionadas al Estatuto del Docente, decidió irse a un paro general de actividades y acompañar con manifestaciones pacificas el diálogo que mantenía la dirigencia magisterial con una comisión estatal.
Entre, otras demandas, el magisterio pedía le pagaran más de tres mil millones de las cotizaciones al Instituto de Previsión Magisterial (Imprema), utilizadas durante el golpe de Estado, que encabezaban Roberto Micheletti Bain y el General Romeo Vásquez Velásquez.
Codeh pone en conocimiento de la denuncia a:
Fiscalía de Derechos Humanos
Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Secretaria Presidencial de Derechos Humanos
Front Line
Amnistía Internacional
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH
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