A un año del Golpe Militar contra el presidente Manuel Zelaya y tras denunciar la persistencia de actos de represión y asesinatos de opositores, organizaciones suizas piden a la Confederación comprometerse en forma más activa en la defensa de los derechos humanos en Honduras.
“Como depositaria de los Convenios de Ginebra, Suiza puede pedir que el ejército vuelva a sus cuarteles y no sea usado contra el pueblo hondureño”, enfatiza Yvonne Zimmermann, coordinadora de Solifonds, en entrevista con swissinfo.ch.
El lunes, al cumplirse un año de la ofensiva militar que derrotó al presidente Manuel Zelaya, millares de hondureños se manifestaron en la capital, Tegucigalpa, para denunciar el Golpe de Estado.
Asimismo, y bajo la égida del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), los contestatarios reclamaron el retorno del mandatario elegido democráticamente y exigieron la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La noche anterior, los opositores participaron igualmente en una vigía alrededor de 71 velas que simbolizaban las víctimas del gobierno putchista de Roberto Micheletti.
Cabe recordar que una asonada militar expulsó el 28 de junio del 2009 al presidente Zelaya, actualmente exiliado en República Dominicana, en una acción que generó la condena internacional. Micheletti asumió entonces el poder.
El 27 de enero y luego de unas elecciones organizadas por los golpistas y al margen de la ley, Porfirio Lobo devino presidente. Aunque Estados Unidos y la Unión Europea acabaron por reconocer al régimen emanado del Golpe de Estado, buena parte de la comunidad internacional lo considera ilegítimo.
”Inaceptable”: AI
Desde Londres, Amnistía Internacional acusó este lunes al gobierno de Lobo de “no actuar” para proteger los derechos humanos, compromiso que asumió al tomar las riendas del país. Es “inaceptable”, condenó la ONG, y precisó que ninguna persona ha sido condenada por los abusos de la administración de Micheletti, amén de las agresiones persistentes contra la población y, en particular, contra los medios de prensa.
“Hay intimidación de activistas opuestos al Golpe de Estado, represión y asesinatos. Desde la toma de posesión de Lobo, muchas personas han sido asesinadas”, señala Yvone Zimmermann.
La coordinadora de Solifonds subraya la enorme inquietud que hay entre las organizaciones suizas por el clima de violencia e impunidad que impera en el país centroamericano.
Por ello, un total de 32 entidades suizas, entre ONG, sindicatos y partidos políticos, firmaron una petición “por una política suiza en favor de la protección de los derechos humanos en Honduras”, que entregaron al Gobierno de la Confederación. “Pedimos un compromiso más activo de Suiza” en el área, refiere nuestra interlocutora.
“El pueblo, en manos de la represión”
En el texto, los signatarios denuncian que los derechos humanos siguen siendo violados en forma masiva y que hay un persistente abuso de poder, amén de un clima de total impunidad y represión “Únicamente entre febrero y finales de abril del 2010, siete periodistas, cuatro sindicalistas y diversos miembros de la organización campesina MUCA fueron asesinados”.
En su petición, las entidades helvéticas advierten la urgencia de un compromiso más contundente por parte de las autoridades de su país. “En ausencia de una intervención decidida por parte de la comunidad internacional, la población hondureña permanecerá en manos de la represión y la arbitrariedad de las élites militares, políticas y económicas”.
Entregada al Consejo Federal (Gobierno) el pasado 25 de junio, la carta incluye las siguientes demandas específicas:
El reconocimiento suizo del Frente Popular de Resistencia Nacional (FNRP) como fuerza política de Honduras y un contacto permanente con el mismo. El compromiso suizo:
Para que organizaciones internacionales elaboren una investigación exhaustiva sobre los hechos que rodearon el Golpe de Estado, incluidos los asesinatos y las violaciones de los DDHH.
Para que los culpables de tales ilícitos sean llevados ante la justicia.
Para que el ejército retorne a sus cuarteles y ya no sea utilizado contra la población.
Para garantizar la libertad de expresión y el cese de la criminalización de las protestas.
Suiza –concluye el texto- debe garantizar que la cooperación al desarrollo se mantenga en donde sea destinada realmente a la población y a fortalecer los derechos humanos. “La cooperación suiza al desarrollo no debe, en ningún caso, beneficiar al gobierno ilegítimo”.
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
“Como depositaria de los Convenios de Ginebra, Suiza puede pedir que el ejército vuelva a sus cuarteles y no sea usado contra el pueblo hondureño”, enfatiza Yvonne Zimmermann, coordinadora de Solifonds, en entrevista con swissinfo.ch.
El lunes, al cumplirse un año de la ofensiva militar que derrotó al presidente Manuel Zelaya, millares de hondureños se manifestaron en la capital, Tegucigalpa, para denunciar el Golpe de Estado.
Asimismo, y bajo la égida del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), los contestatarios reclamaron el retorno del mandatario elegido democráticamente y exigieron la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La noche anterior, los opositores participaron igualmente en una vigía alrededor de 71 velas que simbolizaban las víctimas del gobierno putchista de Roberto Micheletti.
Cabe recordar que una asonada militar expulsó el 28 de junio del 2009 al presidente Zelaya, actualmente exiliado en República Dominicana, en una acción que generó la condena internacional. Micheletti asumió entonces el poder.
El 27 de enero y luego de unas elecciones organizadas por los golpistas y al margen de la ley, Porfirio Lobo devino presidente. Aunque Estados Unidos y la Unión Europea acabaron por reconocer al régimen emanado del Golpe de Estado, buena parte de la comunidad internacional lo considera ilegítimo.
”Inaceptable”: AI
Desde Londres, Amnistía Internacional acusó este lunes al gobierno de Lobo de “no actuar” para proteger los derechos humanos, compromiso que asumió al tomar las riendas del país. Es “inaceptable”, condenó la ONG, y precisó que ninguna persona ha sido condenada por los abusos de la administración de Micheletti, amén de las agresiones persistentes contra la población y, en particular, contra los medios de prensa.
“Hay intimidación de activistas opuestos al Golpe de Estado, represión y asesinatos. Desde la toma de posesión de Lobo, muchas personas han sido asesinadas”, señala Yvone Zimmermann.
La coordinadora de Solifonds subraya la enorme inquietud que hay entre las organizaciones suizas por el clima de violencia e impunidad que impera en el país centroamericano.
Por ello, un total de 32 entidades suizas, entre ONG, sindicatos y partidos políticos, firmaron una petición “por una política suiza en favor de la protección de los derechos humanos en Honduras”, que entregaron al Gobierno de la Confederación. “Pedimos un compromiso más activo de Suiza” en el área, refiere nuestra interlocutora.
“El pueblo, en manos de la represión”
En el texto, los signatarios denuncian que los derechos humanos siguen siendo violados en forma masiva y que hay un persistente abuso de poder, amén de un clima de total impunidad y represión “Únicamente entre febrero y finales de abril del 2010, siete periodistas, cuatro sindicalistas y diversos miembros de la organización campesina MUCA fueron asesinados”.
En su petición, las entidades helvéticas advierten la urgencia de un compromiso más contundente por parte de las autoridades de su país. “En ausencia de una intervención decidida por parte de la comunidad internacional, la población hondureña permanecerá en manos de la represión y la arbitrariedad de las élites militares, políticas y económicas”.
Entregada al Consejo Federal (Gobierno) el pasado 25 de junio, la carta incluye las siguientes demandas específicas:
El reconocimiento suizo del Frente Popular de Resistencia Nacional (FNRP) como fuerza política de Honduras y un contacto permanente con el mismo. El compromiso suizo:
Para que organizaciones internacionales elaboren una investigación exhaustiva sobre los hechos que rodearon el Golpe de Estado, incluidos los asesinatos y las violaciones de los DDHH.
Para que los culpables de tales ilícitos sean llevados ante la justicia.
Para que el ejército retorne a sus cuarteles y ya no sea utilizado contra la población.
Para garantizar la libertad de expresión y el cese de la criminalización de las protestas.
Suiza –concluye el texto- debe garantizar que la cooperación al desarrollo se mantenga en donde sea destinada realmente a la población y a fortalecer los derechos humanos. “La cooperación suiza al desarrollo no debe, en ningún caso, beneficiar al gobierno ilegítimo”.
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
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