Lagos: "La solución está muy lejos"

El ex presidente de Chile Ricardo Lagos afirmó que desde antes de la votación en el Congreso hondureño para restituir al presidente depuesto Manuel Zelaya el cumplimiento del Acuerdo San José-Tegucigalpa ya era imposible.

En entrevista con BBC Mundo, el miembro de la Comisión de Verificación para Honduras manifestó que decisiones unilaterales y contradictorias terminaron por abortar el acuerdo.

Según él, se está muy lejos de una solución en momentos en que la OEA se reúne, en sesión extraordinaria, para analizar la situación hondureña tras las elecciones del 29 de noviembre pasado

El rechazo del Congreso hondureño a la restitución de Manuel Zelaya es un fiasco de la mediación internacional. ¿Usted lo ve así?

El acuerdo ya estaba prácticamente desahuciado antes de la reunión del parlamento.

El Acuerdo San José-Tegucigalpa planteaba, en primer lugar, la necesidad de tener un gobierno de unidad nacional. En segundo lugar, la necesidad de designar por parte del futuro gobierno una Comisión de Verdad y Reconciliación y, en tercer lugar, la necesidad de que el Congreso de Honduras trabaje en "retrotraer la situación" a la de antesdel 28 de junio, lo que significaba reponer al presidente constitucional,señor (Manuel) Zelaya.

Los veedores del acuerdo, en mi caso y el de la señora Hilda Solís, la secretaria del Trabajo del presidente (de EE.UU., Barack) Obama,estuvimos en Honduras los días 2, 3 y 4 de noviembrehicimos un esfuerzo por instalar el gobierno de unidad nacional, que debía estar instalado el 5 de noviembre

Al hablar con todos los sectores constatamos que, por una parte, el gobernante de facto había optado por él enviar notas a distintas personas, entre otras, al señor Zelaya, para precisamente constituir ese gobierno de unidad nacional. Le hicimos ver que ese no era el procedimiento adecuado.

Ahí empezamos a ver que había dificultades en el cumplimiento del acuerdo.

Lo segundo es que en conversaciones que tuvimos con miembros del poder legislativo, les indicamos nuestros parecer. Cuando se hizo la reunión, un diputado del Partido Nacional que es presidente de la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales, expresó que los diputados que iban a cambiar su voto respecto al 28 de junio (cuando depusieron a Zelaya) estarían incurriendo en un crimen violentando la Constitución y serían requeridos por el Ministerio Público.

Esta afirmación hace absolutamente inviable cualquier acuerdo.

En otros momentos, también es cierto, el presidente Zelaya dio opiniones bastante contradictorias.

¿A qué opiniones se refiere?

En un momento le pareció adecuado poder avanzar en el acuerdo. Él entendía que tenía que ser en un solo acto la configuración del gobierno de unidad nacional y su restablecimiento en el poder.

A nosotros nos parecía que tal vez era difícil hacerlo todo en un solo acto y como el punto uno del acuerdo era primero tener un gobierno de unidad nacional nos concentramos en aquello. Había ahí una pequeña discrepancia.

Ustedes trabajaron en la conformación de un gobierno de unidad nacional y este gobierno no logró instalarse. ¿No demuestra eso un fracaso de la Comisión de Verificación?

Nosotros teníamos que verificar el cumplimiento, no éramos los encargados de hacer cumplir el acuerdo

Y en tanto verificadores constatamos, primero, que no se podía pretender hacer un gobierno de unidad nacional convocado por el gobernante de facto.

Es más, el propósito inicial implícito del acuerdo era suponer que si Zelaya estaba restituido se le restaban atribuciones al aceptar este que sus atribuciones presidenciales de cómo constituir gobierno estaban reducidas.

EE.UU. dijo estar "decepcionado" con el rechazo a la restitución de Zelaya; sin embargo, respaldó las elecciones presidenciales del pasado domingo, y el presidente electo Porfirio "Pepe" Lobo asegura contar con que el "respaldo" de Washington llevará a una pronta normalización de las relaciones internacionales del país. ¿Usted qué opina?

Lo que ocurra después del 27 de enero cuando el presidente electo Lobo asuma, el reconocimiento o no de ese gobierno, es un acto que escapa a cualquier organismo internacional. El reconocimiento de un gobierno es un acto soberano de cada país. Por lo tanto, eso lo verá cada país individualmente.

Ahora, eso no tiene nada que ver con otro tema: hay un consenso de que el gobierno actual es de facto y no cumple los procesos democrático; hay unanimidad en que el señor Zelaya es el presidente constitucional hasta el 27 de enero de 2010. Ningún estado del hemisferio ha reconocido al gobierno de Roberto Micheletti ni anunciado intenciones de reconocerlo.

Desde el punto de vista de la comunidad internacional, la carta democrática ha funcionado porque nadie ha reconocido al gobernante de facto.

Ahora, el debate de qué ocurre después del 27 de enero con respecto a reconocer o no al presidente Lobo es un debate que va a tener que hacer cada país individualmente.

La OEA se reúne en Washington en medio de divisiones internas que no parecen resolverse. Por un lado, países como EE.UU. Colombia, Panamá o Perú defienden las elecciones, y por el otro, países como Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil, las consideran ilegítimas. Y el propio organismo tiene que solucionar el tema de la suspensión de Honduras. ¿Ve salidas?

La OEA tendrá que resolver ese problema en un momento dado. Y probablemente las nuevas autoridades después del 27 de enero pedirán que se reconsidere esa medida o no. Y ahí los países van a tener que pronunciarse.

Pero eso no tiene nada que ver con que reconozcan o no al nuevo gobierno. Es cierto que hay países que consideran que se debe reconocer porque las elecciones son un acto legítimo que estaba convocado mucho antes del golpe de Estado. Las elecciones estaban fijadas para el 29 de noviembre. El proceso electoral había comenzado desde mucho antes, con elecciones primarias, etcétera.

No es que se haya llamado a elecciones como consecuencia del golpe de Estado.

Otra cosa es la opinión que cada gobierno tenga sobre si esa elección hecha bajo condiciones tan anómalas como es tener un gobierno de facto da o no suficiente garantías a todos, y eso es lo que ha producido esas dos percepciones que hay en la opinión pública internacional.

Yo creo que en estos momentos se está bastante lejos de una solución. Ahora, cómo se van a resolver determinadas cosas de aquí al 27 de enero puede facilitar la situación, como que el gobernante de facto se haga a un lado, pero eso no parece realista.

Lobo prometió un gobierno de unidad. ¿Cree que de lograrlo facilite la vuelta plena de la institucionalidad?

El presidente electo ha dicho que buscaría un gobierno de unidad nacional para restañar las heridas y parece que su primera tarea será aquello. Ahora, sí va a tener que lidiar con un tema complejo, el de la transmisión del mando.

Me parece difícil que facilite la tarea el que un presidente que nadie ha reconocido sea el que le entregue la banda presidencial.

Pese a todo, Zelaya no fue restituido y Micheletti no se ha hecho a un lado. ¿Cree que surge un nuevo tipo de golpismo en América Latina?

Todos los países del hemisferio, todos, sin excepción, y la Unión Europea, retiraron embajadores diciendo: "No reconocemos al nuevo gobierno". Y creo que esa es una sanción muy fuerte y seguirá así hasta el 27 de enero.

No hay paso para un nuevo golpismo en la región. Sería un error plantearlo así. Hasta ahora todos los gobernantes que han terminado su período presidencial antes de tiempo han sido sucedidos de acuerdo al itinerario constitucional que se ha dado cada país.

Creo que la reacción que ha habido ha sido tan fuerte que los próximos candidatos a hacer algo así van a pensarlo dos veces

BBC