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sábado, 3 de octubre de 2009

Un dato y un destinatario

Cuentan que ante el malestar de los candidatos del bipartidismo por el decreto Ejecutivo que prohíbe la asociación de personas y las manifestaciones públicas justamente en el tiempo más propicio para el proselitismo político electoral, el gobierno de facto habría manifestado, al interior del círculo de aduladores del golpe, que dicho decreto sólo fue pensado para controlar y neutralizar a la llamada resistencia.

Y a renglón seguido y sin temblar el régimen de facto habría lanzado al corazón de los candidatos el siguiente compromiso: Ofrecer todas las garantías y la protección policial y militar para que los dos candidatos realizaran sus actividades de campaña política con la mayor de las confianzas, puesto que el decreto tenía un sólo destinatario.

Si este dato es cierto, estaríamos confirmando que ese asunto llamado legalidad, Estado de Derecho o Constitución, no pasa de ser un instrumento político que se aprueba, se interpreta y se aplica conforme a los intereses de quien tiene más poder y con capacidad de imponer a los demás sus propios y caprichosos criterios.

En lo público, quienes detentan el poder del Estado suelen repetir a todo pulmón que vivimos en un Estado de Derecho y que nadie está por encima de la ley.Sin embargo, en tres meses de golpe de estado la policía sale a las calles armada hasta los dientes para perseguir con furia a quienes salen en oposición al régimen usurpador, mientras que protegen y allanan el camino para quienes se manifiestan a favor del golpe de estado.

En relación al dato señalado, los candidatos bipartidistas acabaron no aceptando el criterio del Ejecutivo y prefirieron sostener su demanda de derogación del Decreto del estado de sitio. Y como entre la corte de palacio todo se resuelve, el régimen dictatorial acabó aceptando echar marcha atrás a una más de sus medidas anticonstitucionales, no sin antes acallar las voces y decomisar los equipos de medios de comunicación que no le hacen coro a su palabrerío y a su represión.

Dime de qué alardeas y te diré de qué careces, dice muy bien el dicho popular, y para el régimen usurpador queda como anillo al dedo: Mientras vocifera su estricto apego a la ley, su legislación verdadera no es la del Estado de derecho hondureño, sino la ley del más fuerte, la del capricho y la de los privilegios de unos cuantos políticos y potentados, los mismos que hoy se han incrustado en el poder y llaman con el mayor de los cinismos, y amparados en su propia ley, “sucesión presidencial” a lo que no pasa de ser un vulgar y despiadado golpe de estado político y militar.

Erick JS

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