San José y Guaymuras

La Comisión de Cancilleres de la OEA y altos funcionarios de 12 países del continente americano, encabezada por el secretario general José Miguel Insulza, cumplió con el cometido de instalar en Tegucigalpa la mesa de diálogo (apodada “diálogo Guaymuras”) con la finalidad de solucionar la crisis política de Honduras en el contexto de la propuesta del Acuerdo de San José.

La Comisión de Cancilleres y altos funcionarios de América vino a nuestro país, Honduras, bajo estado de sitio y lo abandonó en el mismo estado, lo cual es un indicador incontrastable de la tenacidad dictatorial que prevalecerá en el “diálogo Guaymuras”, nombre que, de ahora en adelante, será de lamentable connotación.

Antes de partir, la Comisión de la OEA dejó un comunicado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en el que tácitamente reafirma su determinación de reconocer el Acuerdo de San José como la piedra angular para resolver la crisis política en Honduras.

También, de manera directa, indica que es imprescindible para la realización del diálogo que se restablezcan permanentemente las garantías constitucionales, se restituyan todos los medios de comunicación clausurados por la dictadura y se le den al presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales, las facilidades del normal acceso y consulta con sus representantes en la negociación.

Ninguna de esas tres condiciones se ha cumplido, ni se cumplirá. La imprenta del Diario Oficial “La Gaceta” está dañada, y, por lo tanto, no hay manera de publicar el fementido decreto de derogación del estado de sitio. Sin embargo, el otro decreto que ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el cierre de las frecuencias y canales de Radio Globo y Canal 36 (Cholusat-Sur) es de ejecución inmediata. No necesita promulgarse, además de que Honduras es el único país en el mundo en que el Diario Oficial solamente puede imprimirse en una imprenta exclusiva del Estado.

Para acabar pronto con esta opereta del diálogo, más valdría reconocer que no existen las condiciones ni la voluntad del régimen de facto para solucionar el conflicto. Por el contrario, el interés es ahondarlo para consolidar la dictadura militar de Micheletti con la complicidad empresarial-religiosa-cubanoamericana. Se trata de una conspiración contra la democracia a nivel continental, en la que los procesos electorales solamente son viables si se garantiza el fraude.

Bajo esta planificación golpista, la restitución del orden constitucional es inaceptable porque daría oportunidad a que en Honduras se celebraran elecciones libres, aseguradas con el estado de derecho y la supervisión y el reconocimiento internacionales. Esa solución destruiría las dos armas principales de la ultraderecha troglodita, antidemocrática: 1) La posibilidad de más conjuras y golpes de Estado, y 2) El control de los procesos electorales, mediante el fraude, para contrarrestar la exigencia popular de democracia y justicia social.

A Micheletti y quienes explotan su primitivismo político no les interesa ni les importa el proceso electoral en Honduras, el que, para colmo, está virtualmente desfasado. Para ellos el problema de fondo es la realización de elecciones libres y certificadas. Elecciones sí, pero “elecciones estilo Honduras”. Si Honduras se hunde económicamente y hay rebelión civil, tanto mejor: la fuerza militar se prestigiará, pues está lista “para defender la democracia”.

Entonces, el Acuerdo de San José, la restitución del orden constitucional y “el nuevo estilo de gestión política” que a última hora sugiere la Conferencia Episcopal carecen de sentido para el régimen de facto, a menos que esto pudiera servir para la continuación del sistema actual de control del poder público y de fijación del mísero destino de los hondureños por parte de una élite antidemocrática, corrupta, fanática y conscientemente desalmada.