La norma mexicana de “sufragio efectivo, no reelección”, permitió que México no continuara con la Revolución y que cesaran los muertos. El Presidente gobernaba —como gobierna hoy— por seis años y luego se retiraba para no participar en la política activa nunca más. Quien llegaba al poder durante el sexenio era dueño de todo, incluidas algunas libertades con los bienes del Estado. Por eso el Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) estuvo más de seis decenios consecutivos en el Gobierno. Esa fue una forma de gobernar, con más críticas que halagos de los propios mexicanos.
Existen otras democracias —cuyo ejemplo más importante es la estadounidense— en la que se permite la reelección por un período siempre y cuando el mandatario tenga la fuerza y el respaldo suficiente. De lo contrario, el Gobierno dura cuatro años. Y, en la mayoría de las democracias europeas, se aplica el régimen parlamentario, que da un margen de juego político de otra naturaleza al imperante en América Latina.
En Bolivia, como en otras naciones del área, se elegían los presidentes por un período constitucional y tenían posibilidades de un segundo o tercer mandato, una vez que transcurriera siquiera una gestión ajena. Es lo que vemos en democracias, ahora tan sólidas, como Chile, Uruguay, Brasil y Perú, donde la reelección es válida transcurrida una gestión cuando menos.
Con el ejemplo del presidente venezolano, Hugo Chávez, se abrió el camino para que el ganador de una elección con el voto popular, pueda convocar a una Constituyente y se modifique la Constitución vigente aprovechando de su mayoría, permitiendo la reelección presidencial, a veces, de forma indefinida. Es una manera de perpetuarse.
En diciembre, Bolivia aplicará le reelección del mandatario Evo Morales, quien se ha convertido en un presidente-candidato. Esto conlleva la posibilidad de que con una modificación parcial de la Constitución, la reelección se torne indefinida, lo que podría suceder si el partido gobernante logra la aprobación de 2/3 del total de los miembros presentes en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional, o si opta por el camino iniciando la reforma por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado. Sin embargo, en ambos casos, la propia Constitución pone un candado, cual es la necesidad de que esta reforma sea aprobada mediante referéndum constitucional. Mecanismo que deberá ser reglamentado por una ley especial.
Venezuela lidera a gobiernos como los de Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, que ya han logrado la prórroga presidencial o están en camino de hacerlo. En Argentina, que simpatiza con la corriente chavista, nos encontramos con una situación sui géneris, una “alternancia conyugal”, heredera del peronismo.
Ahora bien, la situación de Colombia, a cuya administración se la puede definir como conservadora, está, también, en esa poco aconsejable actitud. Álvaro Uribe es un mandatario que goza de gran predicamento en su país, que soporta, desde hace años, una auténtica guerra civil. Los partidarios de Uribe, que ya lo reeligieron por un período, están decididos a que el Presidente no se aleje del Gobierno por una gestión más, la tercera. El argumento es la guerra y el terrorismo existentes en Colombia, como si Uribe fuera el único colombiano capaz de asumir el reto.
















































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