El gobierno golpista de Honduras, liderado por Roberto Micheletti, inició este miércoles trámites para demandar a Brasil ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 'injerencia' en asuntos internos.
La supuesta acción de injerencia obedece a que Brasil, desde el pasado 21 de septiembre, permitió la presencia del presidente constitucional de la nación, Manuel Zelaya, en la embajada de ese país latinoamericano en Tegucigalpa, acción que, de acuerdo con fuentes oficiales de la administración brasileña, 'ni siquiera será recibida'.
La respuesta brasileña se fundamenta en el rechazo internacional al que está sometido el golpe de Estado en Honduras, ejecutado contra el gobierno legítimo de Zelaya el pasado 28 de junio, fecha en la que se instauró el régimen inconstitucional de Roberto Micheletti, reseñó Telesur.
Asimismo, un comunicado del Ministerio golpista hondureño de Relaciones Exteriores indica que el agente de Honduras en La Haya, Julio Rendón, abrió los trámites ante el máximo tribunal contra Brasil.
Rendón 'presentó una solicitud introductiva de instancia contra la República Federativa de Brasil por cuestiones jurídicas relativas a las situaciones diplomáticas y al principio de no intervención en los asuntos que son de la competencia interna del Estado' hondureño, precisa el texto.
La acción es una 'solicitud para iniciar acciones' contra Brasil ante la Corte, tales como medidas cautelares o una indemnización por parte del país suramericano.
Zelaya logró ingresar a su nación y llegar a la sede diplomática brasileña tras evadir inteligentemente retenes militares que tenían como objetivo impedirle el retorno a su nación desde el 28 de junio, cuando militares golpistas lo sacaron del poder y del país.
Desde que llegó el mandatario legítimo a la embajada centenares de militares y policías hondureños rodean la sede.
Quienes están dentro del establecimiento han denunciado distintas acciones de hostigamiento por parte de esas fuerzas de seguridad golpistas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución, a finales de septiembre, condenando los 'actos de intimidación' del Gobierno de Micheletti contra la sede diplomática brasileña.
















































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