La CIDH concede medidas de protección a varios ex funcionarios de Zelaya

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que concedió medidas cautelares para proteger a un total de 11 residentes en Honduras, entre ellos varios miembros del antiguo gabinete del depuesto presidente, Manuel Zelaya

Entre los cobijados se encuentra Ángel Murillo Selva-Reina, quien se desempeñaba como subsecretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería de Zelaya, y que, según las fuentes consultadas por la CIDH, fue herido de bala en el antebrazo tras ser "perseguido por un vehículo desde el cual se realizaron varios disparos" el pasado 22 de agosto.
Las medidas también piden protección para el ministro del Instituto Nacional Agrario, José Francisco Funes Rodríguez, y su viceministro, Marco Tulio Cartagena Santos.
Según la CIDH, ambos se encuentran bajo la amenaza y vigilancia de "autoridades del Gobierno de facto", que preside Roberto Micheletti, y que en agosto "habrían acusado de sedición, terrorismo y otros delitos de orden público a los miembros del Instituto Nacional Agrario que lideran la resistencia al golpe de Estado".
Además, el organismo concedió medidas cautelares para el primer secretario de la Embajada de Venezuela en Honduras, Ariel Vargas, cuya residencia está "vigilada por vehículos con vidrios polarizados" desde el 24 de julio, cuando se presentaron allí ocho personas, "cuatro de ellas encapuchadas y portando armas largas".
El resto de los beneficiarios de las medidas de la CIDH son el periodista José Edgardo Castro Rodríguez, la maestra Nohemy Lizeth Carias Girón y el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ricardo Antonio Medina Ordoñez, además de Milton Omar Ávila Benítez, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera y Nery Argentina Rivera López.
Todos ellos han sufrido, según los testimonios obtenidos por la CIDH, persecuciones, amenazas, golpes, malos tratos o agresiones con gases lacrimógenos de parte de "patrullas de la policía preventiva y miembros del ejército".
En concreto, Castro, que presentó una "denuncia por detención ilegal y tortura" contra la policía preventiva y miembros del ejército, denuncia "actos de hostigamiento continuos" contra su persona por parte de los investigados.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), añadió a estos 11 individuos a la larga lista de beneficiarios de sus medidas cautelares que ha ido elaborando desde que se produjera el golpe militar que derrocó a Zelaya, el pasado 28 de junio.
El mecanismo de medidas cautelares establece que en casos de gravedad y urgencia, la CIDH podrá, a iniciativa propia o a petición de los afectados, solicitar al Estado concernido la adopción de medidas para evitar daños irreparables a las personas.
El organismo concedió a Honduras un plazo de una semana para que le informe sobre la implementación de las medidas, y otro plazo de diez días para obtener información sobre la situación de otras personas, entre ellos maestros, abogados y miembros de asociaciones civiles

noticia tomada de yahoo noticas mexico